En el marco de la polémica entre Ministerio de Seguridad y Justicia penal, por la ola de crímenes que sacudió este enero con 14 homicidios en la primera quincena, la cartera de Maximiliano Pullaro sumó críticas: «De noviembre y diciembre la Justicia otorgó 1504 salidas transitorias y 69 prisiones domiciliarias», expresa un informe titulado «Crímenes, salidas transitorias y prisiones domiciliarias». En Tribunales, relativizaron la información y deslizaron que el número dado a conocer llama la atención: aseguran que en ese tiempo no pueden darse esa cantidad de salidas, cuando la gran mayoría de los pedidos de beneficios debe pasar por audiencias orales y públicas, que llevan más tiempo. El caso del prófugo Alan Funes (sindicado por un crimen en 2016 y mencionado en otro de los últimos días) fue tomado como ejemplo por el Ejecutivo, pero en la Justicia diferencian la cuestión porque esa causa se rige por la ley de Menores. En tanto, la intendenta Mónica Fein manifestó preocupación y pidió que «cada uno haga su parte».
El informe del Ministerio de Seguridad indica que «el ranking (de salidas transitorias) lo encabeza la Unidad Penal Nº 11, de Piñero, con 318 internos beneficiados; mientras que en el último puesto aparecen la Unidad Nº 10, ubicada en Santa Felicia en el Departamento Vera y la U5 de Mujeres, de Rosario, con 23 beneficios cada una». En tanto, la información difundida ayer indica que, en el medio, la lista «se extiende: la U3 tiene 257 presos con salidas transitorias; la U1, 240; la U6 (Rosario), 227; la U2, 138; 118 son los beneficiados en la U9; 116, en la U16; y 44, en la U4».
Al mismo tiempo, el informe indica que a esos beneficios se deben sumar 69 presos más a quienes «la Justicia mandó a su casa en condición de prisión domiciliaria». Y puntualiza cada caso: «Este ranking también lo encabeza la U11, con 30 detenidos en sus domicilios. Sigue la U6, con 12; la U2, con 7; la U16, con 6; 5 presos de la U1 están en domiciliaria; mientras que las Unidades Penitenciarias 3 y 4, tienen tres casos de detenidos en arresto domiciliario, cada una. La lista sigue con la U5, con 2 casos; y cierra con la U9, con 1 beneficio».
Desde Tribunales prefirieron no profundizar en el debate por los medios de comunicación, pero deslizaron que llama la atención que ese número se haya dado en solo dos meses, sobre todo por los casos que deben ir a audiencia.
En otro tramo, el Ministerio de Seguridad indica que «algunas de las 1.573 personas puestas en condición de mejoras carcelarias han formado parte como víctimas o como victimarios, en estos últimos meses, de los crímenes que se han producido en Rosario y alrededores». En ese sentido, apuntaron a Alan Funes, quien -indican- «es mencionado en algunos episodios seguidos de muerte». Se trata del homicidio de Eugenio «Pupi» Solaro, perpetrado en mayo de 2016, por el que el joven estuvo preso un año y medio, hasta que en octubre se llegó a un acuerdo -luego de varias negativas de la Fiscalía- entre fiscal y defensor para que esperara en su casa la resolución de Justicia de Menores, que aún no tiene fallo. El incumplimiento y posterior fuga por el que tiene captura se conoció tras el Año Nuevo, ante la difusión de un video en el que se lo vio disparando balas de ametralladora al aire. En tanto, en los últimos días se lo mencionó en la investigación por el homicidio de Marcela Díaz, hermana de un integrante de la barrabrava de Newell’s, Tubi Segovia.
«Por este motivo es que desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe se hace hincapié en la necesidad de una participación más activa del Poder Judicial en el armado de una mirada moderna sobre problemáticas que involucran nuevas conductas. Conductas delictivas que utilizan los resquicios de un sistema pasado de moda para imponer sus conductas violentas», expresaron desde la cartera que dirige Pullaro. (fuente Rosario/12)
