El decreto desregulador de Javier Milei, que aplaudieron las prepagas , profundiza la crisis del sistema de salud y toca a empresas de medicina privada. Más de 5 mil clínicas, sanatorios, empresas de emergencia, instituciones mentales y geriátricos están borde de la quiebra, y con el personal en plan de lucha y con paritaria salarial vencida.
«Son muchos más de 5 mil clínicas y otros prestadores de salud ya detectados por la AFIP y listos para ser ejecutados. Además hay 1.700 clínicas en convocatoria y quiebras declaradas que, en muchos casos, son tomados por el PAMI o el IOMA para su continuidad», dijo el presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra), Jorge Cherro, a Letra P.
La aceleración de la crisis arrancó con el DNU 70/23, que provocó un aumento de casi el 150 por ciento promedio de las cuotas de las prepagas en el primer cuatrimestre, contra una inflación del 65 por ciento. La arremetida de precios fue encabezada por Claudio Belocopitt, quien a raíz de las críticas del ministro Caputo renunció a la Unión Argentina de Salud (UAS), la entidad que agrupa a las empresas de medicina privada que ahora preside Hugo Magonza.
Las prepagas y el golpe a las clínicas
La desfinanciación golpea a las instituciones importantes del país, entre ellas las que integran el G6 de la Salud: Hospital Italiano, Hospital Alemán, Hospital Británico, Fleni, Hospital Universitario Austral y la Fundación Favaloro. En Córdoba, el titular de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Aclisa), Juan Gras advirtió que «el sistema está desfinanciado desde la atención del paciente hasta el cobro. Pasan 90 días y en el medio tuvimos inflación, actualización salarial y aumento de medicamentos», graficó en declaraciones a Cadena 3.
Siete de cada diez personas de la población argentina se atienden en el sistema privado: 15 millones mediante la seguridad social, 7 millones por las obras sociales de las provincias y de Ciudad, 6 millones afiliados de prepagas y 5 millones a través del PAMI. El otro efector es el sistema público.
A comienzo de año, con el incremento de cuotas, las prepagas accedieron a renegociar el precio de cada prestación de salud con los sanatorios y clínicas donde se atienden las personas afiliadas. Las prepagas también tienen sanatorios propios, Belocopitt con Swiss Medical es dueño de hospitales, sanatorios y sigue comprando. La prepaga Galeno, de Julio Fraomeni, es propietaria de La Trinidad. El Hospital Italiano tiene su propio sanatorio y también su prepaga.
La retracción de los aumentos que dispuso la Justicia por pedido del Gobierno hizo caer parte de los acuerdos nuevos. Así, los efectores no pueden solventar el aumento de los precios de los insumos, de los costos fijos, las tarifas de servicios como electricidad y gas, impuestos nacionales y provinciales, tasas municipales y los acuerdos paritarios.
Los laboratorios en el medio
Los prestadores también le reclaman a los laboratorios medicinales que están nucleados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) porque aumentaron los medicamentos un 114 por ciento de promedio entre noviembre y marzo, mientras que algunas especialidades llegaron al 500 por ciento de incremento. La entidad está presidida por Gastón Domingues Caetano y representa a Bayer, Pfizer, Novartis, Roche y Janssen entre otras empresas grandes.
«No tenemos los recursos, seguimos cobrando prestaciones muy por debajo del precio real y pagamos costos desregulados al alza como insumos biomédicos, blanquería, alimentos, limpieza, luz y gas», dijo Cherro, quien detalló: «El Gobierno determinó la caída de la emergencia sanitaria que teníamos en 2022 y eliminó los alivios fiscales que recibíamos». Eran acuerdos que Sergio Massa renovó en 2023 como paliativo de las crisis.
Adecra plantea reformas urgentes, entre otras, que les devuelvan los «alivios-exenciones», reforma laboral, planes de pago con la AFIP y un ítem que reclama todo el sector de la salud privada y con el que el Gobierno también está de acuerdo: achicar la cantidad de prestaciones que debe cubrir el Programa Médico Obligatorio (PMO).
La Sanidad, en emergencia
Este miércoles, el gremio de Sanidad que conduce Héctor Daer, triunvirato de la CGT, comenzó un plan de lucha nacional con el lema «Recomposición urgente. Sin salario no hay salud, aumento o paro”. Son 300 mil trabajadores que no recibieron el incremento paritario en abril y tiene vencida la paritaria con las cinco cámaras empresarias del sector.
Clínicas, personal médico y trabajadores son el último eslabón de un sistema que estaba en crisis crónica y que con la mega inflación, el aumento de tarifas y sin poder actualizar sus cobros, quedaron en terapia intensiva. Según Cherro, los costos les aumentaron 213,1 por ciento y las prepagas les aumentaron un 118 por ciento el pago de las prestaciones.
Por caso, OSDE aumentó casi un 130 por ciento en el primer trimestre casi, pero a los prestadores les concedió apenas un tercio de ese incremento y no aumentó los pagos en abril. OSDE no tiene ninguna clínica propia, contrata todas las prestaciones y es la que paga más rápido; el resto de las prepagas saldan la práctica médica entre 60 y 90 días después de que el paciente se atendió en la clínica.
El PAMI contrata como prestadores a las clínicas y también paga precios desactualizados de las prácticas médicas. Además, hay reclamos contra las 24 obras sociales de las provincias que pagan a 60 días y con tarifarios con precios viejos.
