La denuncia sostiene que el grupo económico de Luis Etchevehere se autotransfirió siete inmuebles con el objetivo de “vaciar” la empresa SAER, editora de El Diario de Paraná.
La Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció al Grupo Etchevehere, propiedad del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, por presunta evasión tributaria.
La denuncia sostiene que el grupo económico se autotransfirió siete inmuebles con el objetivo de “vaciar” la empresa SAER, editora de El Diario de Paraná, en una maniobra calificada por la Procelac como “defraudación”.
Asimismo, remarca que estos inmuebles fueron escriturados a nombre de la empresa Construcciones del Paraná, una sociedad creada poco antes de concretar la operación, “sin capacidad económica” para justificar esa adquisición.
Además, afirma que para justificar esa “autocompra” requirió una serie de “ayudas económicas” provenientes de la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS) por $ 4,5 millones.
“Lo que aquí interesa indagar es acerca de las posibles consecuencias tributarias que emergen lógicamente de la simulación de los contratos investigados como así también si las simulaciones podrían haber generado en cabeza de los integrantes del Grupo Etchevehere obligaciones tributarias no ingresadas al fisco”, sostuvo la denuncia del organismo que conduce Carlos Gonella.
Según publicó el diario Página/12, los hechos descriptos por la Procelac involucran al titular de la Sociedad Rural, sus dos hermanos, Juan Diego, presidente de la macrista Fundación Pensar de Entre Ríos; y Arturo Sebastián Etchevehere, directivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), y a la madre de éstos, Leonor Barbero Marcial, todos ellos accionistas de la empresa Las Margaritas.
También ocuparon un rol central el contador del Grupo Etchevehere, Guillermo Budasoff, y el estudio de abogados conducido por Carlos Emilio Moro, de la ciudad de Paraná.
Página/12 accedió a una serie de correos electrónicos fechados entre julio de 2011 y junio de 2013, a partir de los cuales puede apreciarse la planificación llevada adelante por los denunciados.
Según datos de la Afip, el contrato social de la empresa Construcciones del Paraná fue suscrito en octubre de 2011, no obstante lo cual la empresa, cuyos accionistas son Luis Etchevehere, sus hermanos y su madre, no registraba movimientos comerciales al momento de la denuncia efectuada por la Procelac.
En una primera comunicación del 27 de julio de 2011, el contador Guillermo Budasoff les manifestó a Leonor Barbero Marcial y Juan Etchevehere que dentro de sus honorarios ya deberían empezar a incluir a la nueva sociedad anónima, cuando todavía faltaban algunos meses para concretar la autocompra de inmuebles.
En la asamblea del directorio de la empresa SAER (editora de El Diario de Paraná) realizada el 20 de marzo de 2012, el Grupo Etchevehere, junto con el grupo mayoritario NEA Capital Creativo, decidieron la transferencia de los siete inmuebles por $ 4,5 millones hacia Construcciones del Paraná; y la operación terminó de concretarse en septiembre de ese año, luego de recibir las
ayudas económicas de AMUS.
El 1 de agosto de 2012, Budasoff le envió otra comunicación a Juan y Leonor, con el asunto “Cosas a tener en cuenta”: “Fecha de asambleas, deberían ser posteriores a la constitución, obtención de Cuit de la sociedad que va a comprar los inmuebles. Y aún no tiene Cuit”.
Un mes después, el 4 de setiembre de 2012, a pocos días de concretar toda la maniobra, el contador volvió a insistir con Juan Etchevehere y escribió: «Adjuntó constancia de Afip (de Construcciones), falta dar de alta en Ingresos Brutos”.
La Procelac entendió que dicha empresa nunca podría haber justificado la adquisición de siete inmuebles por $ 4,5 millones.
“Construcciones del Paraná no se encontraba dotada de una capacidad económica suficiente para afrontar la adquisición de los inmuebles”, indicó la dependencia del Ministerio Público Fiscal.
La Procelac sostuvo que el “vaciamiento económico y patrimonial de SAER” derivó en un “incremento patrimonial injustificado” por parte del Grupo Etchevehere, al “comprar” los inmuebles a través de una empresa en apariencia insolvente al momento de la operación.
Pero la liquidación de los inmuebles que estaban patrimonializados en SAER no comenzó en la asamblea de directorio de marzo de 2012 o en septiembre del mismo año, que fue cuando se realizó la autoventa, sino que desde el inicio de la relación con los accionistas mayoritario del diario, el grupo NEA Capital Creativo SA, el objetivo sería el “vaciamiento”.
El 24 de abril de 2012, Luis Etchevehere le envióo un correo electrónico a su abogado Carlos Moro, y le dijo: «Aquí van los borradores de actas que te mencionamos. Quisiéramos saber si están correctas desde el punto de vista jurídico y que su aplicación no genere efectos negativos a los socios”.
Esas actas mencionaban un acuerdo del 19 de agosto de 2010 con NEA Capital Creativo para distribuirse una serie de inmuebles.
Moro respondió: «Respecto del acta de entendimiento que –sin nuestro consentimiento– firmaron en 2010 por la que acuerdan ‘vaciar’ la sociedad, no deberían firmar otra diciendo que ya está cumplido el objeto (vaciarla) de aquella, en el mejor de los casos le podrían hacer una addenda en el mismo texto diciendo que la dejan sin efecto ni valor alguno, porque una cosa es repartirse el patrimonio –lo que hicieron– y otra dar en pago de legítimas acreencias –lo que harían– sin afectar el giro de la empresa.”
Así, es el propio abogado de los Etchevehere quien introdujo el concepto de “vaciamiento”, y el titular de la SRA no dudó de la respuesta y retransmitió el mensaje a sus hermanos y el resto de los socios dentro de SAER.
