La fiscal de Bariloche María Cándida Etchepare imputó a los magistrados, fiscales, funcionarios y empresarios de medios que fueron a un encuentro en Lago Escondido, Bariloche, a mediados en octubre de este año.
Quedaron imputados Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 10; Juan Bautista Mahiques, Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Marcelo Silvio D’Alessandro, Ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 2 y Pablo Gabriel Cayssials, magistrado, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
En la lista de imputados también figuran Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, presidente de Mediabit SA ,Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín SA y Jorge Carlos Rendo, presidente de Grupo Clarín SA.
La causa se inició el 24 de octubre cuando el abogado Marcelo Eduardo Hertzriken Velasco denunció ante la Fiscalía una serie de hechos trascendidos a raíz de una nota periodística publicada en el diario Página 12.
Días atrás trascendieron los chats de la aplicación Telegram que el grupo habría creado para tapar ese viaje y ponerse de acuerdo en la versión que darían.
Puntualmente, el diario que reveló el viaje afirmaba que un grupo integrado por magistrados de distintos fueros, un funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una serie de empresarios había viajado hacia Bariloche “en los primeros quince días del mes de octubre de 2022”, alojados y racionados por funcionarios del Poder Ejecutivo de CABA que integrarían el partido político “PRO”.
En ese contexto, el denunciante esgrimió la hipótesis de que pudieran haberse reunido con el ex presidente Mauricio Macri en la mansión llamada Lago Escondido, propiedad del magnate inglés Joseph Lewis.
La fiscalía pudo determinar que el día 13 de octubre del corriente año “se trasladaron desde Buenos Aires hacia esta ciudad en un avión privado propiedad de la empresa «Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.», matrícula LV-GCK, los pasajeros Julián Ercolini, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alesandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Gabriel Cayssials. Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía”.
En ese sentido, se constató que la empresa, conocida en plaza bajo el nombre de fantasía «Flyzar» pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona.
A su vez, la firma acompañó copia de las facturas emitidas en favor de los denunciados, muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de 120 mil pesos; a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de 120 mil y 60 mil pesos, respectivamente.
“Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad “contado” y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”, advierte la fiscal.
En cuanto a los pasajeros arribados a Bariloche , no figura en ninguno de los vuelos el ex presidente Macri, pero de ellos sí surgió la presencia de dos altos directivos del Grupo Clarín S.A. que arribaron a Bariloche el mismo 13 de octubre. Se trata de Pablo Casey y de Jorge Carlos Rendo.
“Si bien los hechos denunciados inicialmente por Hertzriken Velasco no eran del todo exactos, sí tenían una base cierta de ocurrencia que podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”, continúa la fiscal.
“ A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas “al contado” e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”.
Fuente: La Capital
