(PR/NormaMigueles) En la mañana de hoy en la sede del MPA el fiscal de Venado Tuerto, Damián Casullo imputó a los ex dirigentes gremiales de Amsafe, Alberto Maurino y Leandro Gonzalo, en una causa por administración fraudulenta. La denuncia fue realizada en diciembre de 2016 por la actual conducción y en ese momento asumió la investigación el entonces fiscal Juan Pablo Lavini Rossett. El monto reclamado es por pagos realizados cuando ya no estaban en funciones por un monto superior a los 4 millones de pesos.
Al respecto Delgado recordó que la denuncia se hizo por el movimiento financiero realizado por las autoridades salientes los últimos días antes de entregar el mando, luego de perder las elecciones, que era de más de 4 millones de pesos, gran parte de los ahorros de los trabajadores. “nosotros entendimos que fue un retiro indebido de dinero y por eso ingresamos denuncia por administración fraudulenta contra Gonzalo y Maurino, en tanto que al último también se agregó calidad simulada, porque ante el Ministerio de Trabajo se hizo pasar como secretario general del Sindicato y era un delegado”.
También señaló “En esto seis años pasaron varios fiscales y a nuestro pedido un perito contable de la Corte Suprema de Justicia, donde de algún modo se ratificaron las denuncias que hicimos. También se peritaron las indemnizaciones efectuadas, honorarios a arquitectos pagados por adelantado al igual que material de construcción “.
“Esta imputación nos da nuevas expectativas, porque sabemos que la fiscalía imputa cuando tiene elementos que le dan cierta certeza. Lo que queremos y también los afiliados, es que esto se esclarezca y también que haya una devolución de dinero tomado en forma indebida, porque pertenece a los afiliados. Estas dos personas denunciadas estuvieron casi 30 años en el sindicato y sabían que era dinero de los aportantes que son los docentes”, subrayó Delgado.
El secretario de Amsafe, sostuvo luego, “queremos que esta situación se esclarezca de una vez. Los afiliados han ratificado entendieron que paso y ratificaron la confianza en nuestra conducción. Por otra parte, les hemos pedido a estos dos ex dirigentes que vengan y den su explicación a los docentes y nunca lo hicieron. Hoy la justicia nos está dando la razón”, subrayó.
La defensa de Gonzalo y Maurino está a cargo de la abogada Ana Regidor, en tanto que el último también cuanta con el patrocinio de Raúl Superti. El juez de la causa es Adrián Godoy, quien rechazó oportunamente la pretensión del gremio de constituirse como querellante, ya que su calidad de delegación le impide asumir la representatividad de los afiliados.
Al respecto Delgado consideró que la medida lejos de perjudicarlos los favorece porque le da la razón en cuanto a la denuncia sobre calidad simulada, de parte del ex titular del gremio, quien asumió criterios de secretario general en algunas de las acciones denunciadas
