La iniciativa del senador departamental, Lisandro Enrico, de ampliar la posibilidad de aplicar la prisión preventiva a presuntos delincuentes además de las críticas de la oposición, también tuvo algunos rechazos dentro del Frente Progresista Cívico y Social.
Desde el oficialismo provincial el que se mostró crítico de la propuesta fue el ex secretario de Seguridad Comunitaria durante la administración de Hermes Binner, el criminólogo Enrique Font.
El ex funcionario comenzó por recordar “la discusión que se instaló a nivel nacional después de una desafortunada tapa del diario Clarín. Digamos que es algo desgraciadamente bastante frecuente, como un mecanismo más bien simbólico de responder a la demanda popular por más seguridad. En el caso de la provincia de Santa Fe es un proyecto muy preocupante, que espero que en Diputados no tenga el éxito que tuvo en la Cámara de Senadores, porque básicamente lo que plantea es asimilar el régimen de la prisión preventiva, que es un régimen que tiene que ver con una lógica que son los procesos judiciales, y volverla como una estrategia de política de prevención del delito. De alguna manera lo que esta explicitado en este proyecto es que limitar las prisiones preventivas sería un mecanismo para que se cometan menos delitos. Esto desnaturaliza la prisión preventiva que es un instituto del derecho procesal de los juicios penales que, básicamente, tiene la función que cuando una persona es acusada o sospechada de haber cometido el delito (es obviamente inocente hasta que no haya una sentencia firme) hay excepciones por las cuales se la pueda privar de su libertad; claramente excepciones. La prisión preventiva debería aplicarse cuando esas personas generan un riesgo cierto de entorpecer la investigación o darse a la fuga”.
En la misma línea, Font explicó que “lo que se propone en este proyecto ya se intentó de hecho en la provincia de Buenos Aires, y es entorpecer este instituto que tiene que ver con la lógica de un juicio para decir que la gente se quede presa. Básicamente es eso. Esto es grave porque buena parte de la población penitenciaria de nuestra provincia y de otras del país, incluso la población de cárceles federales, son personas que están con prisión preventiva, o sea son inocentes que están cumpliendo una especie de adelanto de pena que puede o no luego confirmarse con una sentencia. Y no perdamos de vista que los que quedan atrapados en estos esquemas son generalmente los delincuentes muy vulnerables al sistema penal, los que cometen hechos no necesariamente los más dañinos y gravosos, sino que son los más improvisados para cometer los hechos, y que por lo general tienen menor posibilidad de acceder a una defensa penal profesional de calidad, que los represente en un juicio.
Pueblo Regional: Mantener en prisión a una persona sin sentencia firme sería hacerle más penosa la etapa judicial.
Enrique Font: Absolutamente, pero además para la gente a la que le importan poco las garantías hasta que les toca estar acusados en un juicio, hasta ese momento parecería que este fuera solo un problema de los jóvenes de los sectores populares sobrecriminalizados por las intervenciones policiales. Pero a los que no les interesan estos temas en clave garantías, equidad, y demás. Está la experiencia de la gestión de Ruckauf en la provincia de Buenos Aires que generó por politicas de este tipo (limitar excarcelaciones, presionar a los jueces para que dicten prisiones preventivas) un fenómeno que fue un crecimietno de casi un 100 por ciento de la población penitenciaria de la provincia en pocos años. Y ese crecimiento de gente presa no generó ningún impacto en término de disminución de delitos. Más bien todo lo contrario.
PR: Le parece que el gobernador Bonfatti promulgaría una ley de estas características.
EF: Creo que deberían pensarlo dos veces, aunque sea por una cuestión pragmática. Nuestro sistema carcelario está colapsado ya. De hecho vimos el resultado de un exitoso hábeas corpus que presentó el defensor general Gabriel Ganon que obliga a cerrar la cárcel de Las Flores hasta que se reparen dos pabellones y un sector de castigo; con lo cual hay un colapso importante. El Poder Ejecutivo debería pensar dos veces si se va a meter en una política que le va a significar un agravamiento exponencial de la situación y que además, va a contramano de la reforma del proceso penal que se esta llevando adelante en la provincia y que tuvo consenso de toda la Legislatura. Esto lo que hará es llenar las cárceles más aún de lo que ya están de pibes en situación de exclusión, que a veces tienen como única alternativa, desgraciadamente, la participación torpe en un delito (porque tampoco son profesionales). Esto parecería a contramano de todas las políticas del Poder Ejecutivo: la de administración de justicia, la penitenciaria y la de seguridad; e incluso de amplios sectores de la Legislatura.
