(PUEBLO Regional) Una nueva bomba mediática lanzó el portal de noticias macrista Infobae en la tarde de ayer: “El juez Bonadío procesó a 92 intendentes por supuesto fraude con fondos públicos”. La noticia también tuvo trascendencia en los portales de noticias venadenses porque entre los procesados está el mandatario local, José Luis Freyre y el ex mandatario rufinense Gustavo Dehesa.
En la causa se investiga una supuesta malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades llevaran adelante tratamientos de residuos sólidos urbanos.
Este tema ya había tenido gran difusión mediática en agosto del año pasado cuando el bloque de concejales radicales (Leonel Chiarella, Juan Ignacio Pellegrini y Santiago Meardi) presentó un pedido de informes para que el intendente explicara por qué había sido citado por Bonadío a declaración indagatoria el 31 de julio de 2018.
Para explicar lo ocurrido Freyre se presentó en el Concejo y luego aclaró ante los medios de comunicación que “no ocultamos ni escondimos, sería ingenuo pensar que en una parte del Poder Judicial tan politizado esto no sería utilizado”.
En lo referido a la citación del juez federal, el intendente insistió en que a fin del año pasado hubo “una auditoría del Estado nacional donde básicamente se volvió a ratificar que estaba todo en orden y que la planta estaba construida”.
Según detalló Freyre en agosto del año pasado, “nosotros lo único que hicimos fue presentarnos ante el pedido del juzgado a exhibir toda la información que nos requirieron, si la planta estaba en construcción o no, o si se había resuelto, no nos pedían la planta construida, nos pedían esta primera etapa, que es el piso del galpón, la instalación de agua, el equipamiento para separación, los contenedores”.
Sobre los motivos por los cuales se montó un escenario de sospecha en torno a las causas relacionadas a la citación judicial, Freyre indicó que le resulta llamativo el planteo surgido justo “ante la visita del gobernador y con el objetivo de deteriorar nuestra relación con el gobierno de la provincia, porque en este contexto no hay chance de tratar en el marco del diálogo los temas y las necesidades que la ciudad tiene”.
Vale recordar que el pedido de informe del bloque radical coincidió con el procesamiento del comisario Alejandro Druetta, por supuesta connivencia con bandas narcos.
Por su parte los dirigentes del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires criticaron al juez Claudio Bonadío por procesar a 92 intendentes por supuesto fraude con programas de manejo de residuos.
En un comunicado señalaron que se trata de «una extorsión como parte de una estrategia electoral de Cambiemos. Los carpetazos y las falsas denuncias públicas que carecen de sustento jurídico son un mecanismo que atenta contra la democracia y que está muy lejos de la premisa que prometió el propio Gobierno: consolidar una Justicia libre e independiente», indica el comunicado.
Pablo C. Salinas
