(PR/Pablo Salinas) “Dejen de meter gente presa inocente. Avisale a Chiarella, Enrico y a la fiscal de Melincué (Pepino) que los vamos a hacer cagar”, fue el mensaje que recibieron el intendente, el senador y la funcionaria judicial el pasado 4 de enero, y que dio marco al inicio de una investigación que ya arrojó resultados, con la detención del propietario del celular de donde salieron las amenazas.
“Al intendente le hicieron llegar, por intermedio de otra persona, un mensaje claramente intimidatorio. Una vez recibida la denuncia se hizo cargo de la investigación el fiscal (Damián) Casullo, quien ordenó una serie de medidas y se logró identificar el número de teléfono y a quién pertenecía”, informó el fiscal regional, Matías Merlo.
El funcionario judicial agregó que la persona identificada como autora del envío de los mensajes, un joven de 23 años llamado Agustín D., ya cuenta con antecedentes en la justicia provincial, en una causa que comenzó como un hecho de robo calificado y después se remitió a la Justicia Federal por estar relacionada con un crimen de narcotráfico.
Otro dato que aportó Merlo, es que esta persona quedó vinculada a este hecho delictivo en Firmat, pero es oriunda de Venado Tuerto: “Esta persona tendría vinculación con una banda narco criminal, uno de cuyos cabecillas está detenido en un penal de Rawson, pronto a afrontar un juicio por la Justicia Federal”.
Por otra parte, a partir del contenido del mensaje amenazante hacia Chiarella, Enrico y Pepino, los investigadores consideran que podría tener relación con “tres hechos acontecidos en la localidad de Firmat: una tentativa de homicidio ocurrida en noviembre, un hecho de extorsión el 31 de diciembre, y el homicidio de Erika Ávalos ocurrida el 28 de diciembre”.
Según la información judicial el preso de Rawson tendría vinculación con estos tres hechos, y en ese marco surgieron las amenazas al intendente, el senador y la fiscal. De hecho, la pareja de este detenido estaría relacionada directamente con el crimen de Ávalos.
Con toda esta información, el fiscal Casullo solicitó la audiencia imputativa por “amenazas agravadas por ser anónimas” para Agustín D. y solicitó la prisión preventiva. El juez que entiende en la causa, Benjamín Révori, hizo lugar al pedido de fiscalía y ordenó la prisión preventiva sin plazo. Ahora, la tarea de los fiscales estará orientada a determinar por “quién fueron ordenadas las amenazas, más allá de los indicios y presunciones fuertes que tenemos, y si hubo la participación de más personas involucradas”.
En cuanto a la protección de los funcionarios amenazados, Merlo informó que el Ministerio de Seguridad puso a la Policía provincial a disposición para hacer custodias permanentes a las personas intimidadas.
