“El fiscal Eduardo Lago fue funcionario en el segundo mandato de (Carlos) Reutemann, tercero en la línea de gestión de Enrique Alvarez, un hombre cuestionado por su pasado en la SIDE durante la dictadura, responsable, entre otros hechos, del diciembre trágico en Santa Fe. Esta persona no surgió de la nada, sino que tiene un antecedente vinculado a un momento donde hubo siete muertos”, disparó el ministro de Gobierno provincial, Rubén Galassi, en unas sorprendentes declaraciones que suman nuevos condimentos a la polémica por el traslado de todos los integrantes de la Brigada Operativa Departamental (ex Drogas Peligrosas), empezando por su jefe el comisario Alejandro Druetta.
A los oscuros antecedentes del fiscal, Galassi añadió que tuvo una importante participación en la “Causa Feced” y el homicidio de Constantino Razzetti, hechos relacionados con la sangrienta dictadura militar y el accionar del grupo paramilitar Triple A.
Vale recordar que el fiscal Eduardo Lago es quien denunció en los últimos días que sufrió amenazas desde un teléfono celular que pertenecería a la Brigada, por lo cual el juez Eduardo Bianchini inició una investigación que derivó en la intervención de Asuntos Internos de la policía, y el posterior traslado de todos los integrantes de la repartición dirigida por Druetta.
“El fiscal que formuló la denuncia por amenazas también hizo una serie de imputaciones que son muy serias y entiendo que al ser un hombre de la Justicia tendrá los elementos para aportar pruebas”, alegó Galassi, y para terminar de tender un manto de sospecha sobre la causa recordó que la designación de Lago como fiscal “fue producto de una acordada de la Corte Suprema en el año 2006, y todos sabemos quiénes eran sus integrantes, y las vinculaciones que había entre los funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo, y con muchos hombres del departamento General López vinculados al gobierno del justicialismo de entonces. Son factores que ameritan ser analizados para ver si son pura coincidencia o hay algo más en el trasfondo”.
En el mismo orden, y poniendo el acento en la veta política que tendría el caso el ministro remarcó que “la policía no es una fuerza autónoma, sino que depende del poder político que, en la actualidad, está en manos del Frente Progresista. En el caso de Firmat, uno de los abogados detenidos está vinculado con el PJ, y en paralelo aparecen estas denuncias cuestionando el accionar policial”.
