(Notas – Juan Mattio) Los abogados que durante diez años representaron a la Secretaría de Derechos Humanos en la Causa Saiegh, desistieron de seguir adelante con la querella y explicaron que lo hacían por instrucciones del secretario Claudio Avruj. El gobierno de Mauricio Macri se desentiende así de una de las causas claves contra civiles que participaron en los crímenes de lesa humanidad.
Los empresarios que secuestró la dictadura
El principal acusado de la causa es Alejandro Reynal, quien fue vicepresidente del Banco Central entre 1979 y 1981. Reynal está acusado de instigar, junto al entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, el secuestro de duardo Saiegh quien era dueño del Banco Latinoamericano. Saiegh fue secuestrado el 31 de octubre de 1980 y obligado a pedir la autoliquidación de su banco antes de ser liberado.
El secuestro y la tortura para obligar a empresarios a vender sus compañías fue una práctica habitual de la dictadura cívico-militar. Hasta hace poco el Estado investigaba más de 600 operaciones donde se sospecha que las empresas fueron vendidas o declaradas en quiebra por sus dueños bajo presión o en situación de secuestro. Desde textiles a siderúrgicas, tal vez el caso más emblemático sea el de Papel Prensa y el secuestro de la familia Gravier.
La operación Austral
El Banco Latinoamericano había prestado más de 7 millones de dólares a la aerolínea comercial Austral que en ese entonces era una empresa privada. Los dueños de la empresa eran William Reynal, primo de Alejandro, y la familia Menéndez-Braun que era y sigue siendo los dueños de los supermercados La Anónima y cuenta con algunos funcionarios en el gobierno nacional.
En septiembre de 1980 la dictadura decretó la estatización de la empresa pero se encontró, muy rápido, con un obstáculo: el Banco Latinoamericano tenía acciones de Austral como garantía del préstamo. “Los militares necesitaban sí o sí estos comprobantes para poder transferirle al Estado las acciones y el pasivo de la compañía y estatizar la misma por decreto”, explicó Saiegh al diario Página/12 en 2012
Durante la semana que Saiegh sufrió torturas fue obligado a liquidar, también, las acciones de Austral que había obtenido mediante el crédito. Después un porcentaje de Austral fue ofrecido, según consta en documentos recuperados, a la empresa Socma de la familia Macri y a la familia Blaquier. No hubo acuerdo económico y terminó siendo estatizada en su totalidad por la dictadura.
Saiegh se presentó a denunciar ante el Poder Judicial en 1982. Con las leyes de impunidad la causa se cerró y se consideró prescripta por considerarlo un delito de extorsión común. La derogación de las leyes permitió la reapertura e investigación. Y, desde entonces, la Secretaría de Derechos Humanos fue querellante en la causa. La Cámara Federal todavía tiene pendiente resoluciones de fondo sobre la causa. Y el gesto que envían desde el poder ejecutivo es contundente: se retira la querella.
La conexión Braun
La familia Braun-Menéndez, parte de la operación Austral, es conocida en toda la Patagonia. Sus negocios datan del siglo diecinueve cuando todavía combinaban la persecución a los pueblos originarios con el negocio de los almacenes de ramos generales. Hoy son los dueños de la cadena de supermercados La Anónima. Federico Braun es vicepresidente de la cámara empresarial que reúne a los supermercados. Su sobrino, Miguel Braun, es secretario nacional de Comercio y primo, a su vez, de la madre de Marcos Peña, el jefe de gabinete.
Con estos elementos a disposición tal vez se pueda empezar a aclarar por qué el gobierno nacional decidió, entre las muchas querellas que lleva adelante en los juicios por delitos de lesa humanidad, resignar esta en primer lugar.
Los bancos robados y su continuidad en democracia
El propio Reynal explicó en 1999, al hablar de las 60 entidades financieras cerradas durante la dictadura, que “el proceso de depuración y saneamiento del sistema bancario comenzó en 1980 y todavía sigue”. La continuidad del sistema económico no aparece, entonces, como una consigna de los organismos de Derechos Humanos sino como una reflexión de sus perpetradores.
El modus operandi repetía un patrón: primero denuncia falsa (en el caso de Saiegh fue un ex empleado del banco que lo denunció por obligarlo a poner bienes a su nombre para más tarde devolverlos), después despliegue de las fuerzas represivas (el grupo de tareas asociado a la División Bancos de la Policía Federal) y finalmente la operación económica (venta, quiebra o liquidación).
Poco después de la liquidación del Banco Latinoamericano, Reynal fundó MBA Lazard Banco de Inversiones. Saiegh hizo pública sus sospechas que esa entidad se hizo con el dinero robado a los bancos liquidados durante la dictadura. El periodista Sebastián Premici mostró que Walter Grenón, el comprador del MBA Lazard en 2015, estaba imputado en la causa por evasión que tiene como protagonista a Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural.
Macri no tiene ni idea
La decisión no se hizo pública cualquier día. El miércoles, un día antes de la ronda número 2 mil de las Madres de Plaza de Mayo, Mauricio Macri dio una entrevista vía Facebook al portal Buzzfeed donde volvió al relato histórico de la “Guerra Sucia” -término que intentaron imponer los represores para justificar el genocidio- y dijo no tener “ni idea” sobre la cantidad de desaparecidos y víctimas del Terrorismo de Estado.
El negacionismo expresado por los funcionarios del gobierno nacional y ahora por el mismo presidente, va más allá de la construcción de una nueva perspectiva histórica sobre el pasado reciente. Son gestos que los otros actores políticos del Estado interpretan y convierten en acciones. La mayoría de los responsables civiles de la dictadura todavía no llegaron a juicio y, en ese marco, las palabras que elige usar el presidente son mucho más que una posición filosófica. Se trata de posición tomada en favor de la impunidad.
