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Imputaron a Silvio Garbolino: la jueza definirá este miércoles si queda en prisión preventiva o en libertad

(PR/Norma Migueles) Este martes, se realizó la audiencia imputativa y solicitud de medida cautelar para Silvio Garbolino por parte del fiscal de Rufino, Mauro Menéndez, por supuestos hechos de estafa y defraudación por administración infiel a una mutual de San Gregorio. La jueza de IPP Lorena Garini, informó a las partes que mañana dará conocer la resolución que determinará si el ex presidente comunal de Melincué queda en prisión preventiva o recupera la libertad.

El abogado de Garbolino, Joaquín Fraga, manifestó que fue una larga jornada y que la imputación, a su entender, no contó con las pruebas que permitieran inferir la participación de su defendido en los hechos que le endilgan.

«Garbolino fue denunciado el 19 de junio pasado, a las pocas horas el fiscal Menéndez ordenó su detención, la audiencia imputativa se iba a realizar ayer (lunes), pero pidió postergarla 96 horas más. Hicimos el reclamo ante la magistrada y nuestra conclusión, como así lo planteamos, es que el fiscal detuvo a Garbolino para luego iniciar una investigación y no al revés que es lo que corresponde», reclamó Fraga.

Por otra parte, el letrado recordó que su defendido está imputado en otra causa que investiga el fiscal Julián Cochero de Melincué y que podría estar relacionada con la que lleva adelante Menéndez por hechos denunciados en San Gregorio. «Se trata de una misma persona, en una misma jurisdicción y si el fiscal se hubiera tomado el tiempo para hacer una investigación más amplia podría haberse contactado con su par y ver si existe relación entre ambas investigaciones», planteó Fraga.

A continuación, alegó que «la imputación es generalizada» y que «no se pudo determinar con claridad cuántos hechos se imputaron», como así tampoco «la veracidad de las denuncias, si se hicieron pruebas caligráficas que impliquen a Garbolino y cuentas en las que figure el dinero que se acusa que falta».

«Lo mas preocupante es que a Garbolino, por una supuesta mala administración que perjudicaría a una comunidad se le otorgó la libertad con reglas de conducta, en tanto, que por la denuncia sin pruebas de un particular se lo pretende dejar detenido», completó Fraga.

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