Desde Santa Fe
El abogado Juan Lewis pidió ayer que se investigue al diputado de la UCR y ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, tras el hallazgo de prueba sorpresa en la causa abierta contra quien lo sucedió en el cargo, Marcelo Sain y su equipo. “Pullaro debería dar explicaciones”, dijo Lewis al confirmar que la pericia de un disco rígido -aportado por un testigo protegido- recuperó archivos que habían sido “borrados”, entre ellos un informe patrimonial sobre el secretario general de UPCN, Jorge Molina y su entorno, que el Ministerio de Seguridad realizó –sin orden de ningún juez ni fiscal- en 2017 y 2018, cuando Pullaro estaba al frente de la cartera en el gobierno de Miguel Lifschitz. Lo llamativo es que Pullaro y Molina son dos de los querellantes en la investigación a Sain. Según Lewis, el dossier Molina incluye información sobre el sindicalista, sus hijos y allegados y las “empresas y negocios que manejaban en Santa Fe, Mendoza y otros lugares”, dos y tres años antes de que sus defendidos se sumaran al equipo de Sain, en diciembre de 2019.
Lewis habló ayer por Aire de Santa Fe al cumplirse nueve meses del allanamiento al Ministerio de Seguridad, el 29 de noviembre de 2021, en una causa en la que el fiscal Ezequiel Hernández y su jefe, el fiscal general Jorge Baclini, agitaron como un supuesto “espionaje ilegal”. Hasta ahora, tres dictamenes judiciales ya dijeron que «no hay ni el más mínimo elemento para sostener esa hipótesis con alguna seriedad», recordó el abogado. En rigor, la causa contra Sain se inició hace un año, por una denuncia de una licitación para la compra de armas para la Policía que no se concretó. Y a pesar del tiempo, los imputados aún no fueron citados a audiencia imputativa.
Entre otras cosas, Lewis confirmó el hallazgo del dossier Molina. “Entre la evidencia colectada hay un disco rígido” en el que la pericia recuperó “archivos borrados” de “perfiles patrimoniales” del sindicalista y su entorno “armados en 2017 y 2018”, en la gestión Pullaro. El hecho salió a la luz en la audiencia en la que UPCN se constituyó como querellante. “Los perfiles se dirigían no sólo a él, sino también a su entorno familiar, a sus hijos, a las empresas y negocios que manejan en Santa Fe, en Mendoza y otros lugares. Todos esos perfiles estaban hechos en el año 2017 y 2018”, dijo Lewis, quien defiende, entre otros, a su colega la abogada de Hijos, Nadia Schujman.
-¿Quién es ese sindicalista?
-Jorge Molina, de UPCN -contestó.
-¿Y ahí se encontró información detallada de la participación en una cantidad de sociedades?
-Exactamente, sobre todo de sus hijos, porque se habían hecho perfiles de él y de su entorno familiar y laboral, de algunas personas vinculadas laboralmente a él. Por eso se tocaba al gremio UPCN –explicó.
-¿Cómo define a esto, como espionaje?
-Yo no creo que sea espionaje porque las bases de datos que se consultaron son las mismas (que ahora se les reprocha a los imputados en la causa Sain). Es recopilación de información. Quienes lo hayan hecho deberán explicar porqué lo hicieron, pero no creo que sea el delito de espionaje. Lo que pasa que esa recopilación de información y esos perfiles patrimoniales se hicieron durante la gestión de Pullaro, que ahora está constituido como querellante en la causa.
-¿El único informe que hay en ese disco rígido es el de Molina?
-En los archivos recuperados de ese disco rígido aparecieron estos perfiles de Molina y su entorno. Se hicieron en 2017 y 2018. No se advierte ninguna orden judicial. No hay orden de ningún juez, ni del fiscal.
-¿Esto no va generar una investigación sobre el ex ministro Pullaro?
-Nosotros creemos que deberían investigarlo. Si el fiscal (Hernández) se manejara con la misma vara que utiliza en esta imputación que pretende hacer (en la causa Sain), también debería investigar a Pullaro. En lo personal, ya dije que considero que estas cosas no son espionaje. Pero si está investigando esto que dice que es espionaje aunque no lo sea, bueno, en los mismos términos deberían investigar al diputado Pullaro, que hoy también es querellante en esta causa. Porque se demostró que (en su gestión como ministro de Seguridad) se realizaron perfiles y muchos más detallados que cualquiera de los que se haya encontrado en el período político posterior, y ni siquiera por investigaciones ilegales, sino en causas judiciales y a pedido de fiscales. En cambio, en 2017 y 2018, aparecen estos perfiles híperdetallados respecto de un sindicalista y su entorno familiar, sin ninguna orden judicial ni de un fiscal. Y sin embargo, al fiscal no se le ocurrió convocar a Pullaro, a pesar de lo que se encontró en la causa.
Fuente: Página 12
