(PR/Norma Migueles) Desde diciembre de 2024, en Venado Tuerto, un grupo de jubilados y jubiladas provinciales, en su mayoría provenientes del sistema de salud y de educación, se reunieron para analizar la crítica situación por la que transita el sector como consecuencia de la reforma previsional dispuesta por el Gobierno provincial y aprobada por la Legislatura en septiembre pasado.
«Quisimos hacer pública nuestra situación y que se visibilice, ya que estamos sufriendo las consecuencias de la reforma luego de trabajar muchos años en servicios que nos produjeron un gran desgaste, poniendo el cuerpo durante la pandemia, y ahora nos encontramos en un escenario crítico», planteó Silvia Nogara.
Por su parte, Silvia Bartolucci indicó que algunos de los puntos reclamados, tanto por activos como pasivos, son «el incumplimiento de pago del proporcional del sueldo anual complementario (SAC) correspondiente al año 2023, como así también el aumento otorgado por paritarias correspondientes al mes de enero de 2024, ya que dicha suba al ser dada por la gestión provincial anterior, no fue reconocido por la actual y, como consecuencia, no se pagó.
Otra medida, es «el pago diferido de los acuerdos paritarios con activos que se efectivizan a los 60 días», señalando a modo de ejemplo que, como en marzo, todavía no habían cobrado el aumento de enero y tampoco percibieron los beneficios del acuerdo del incremento del 5 por ciento en dos cuotas.
En otro tramo, las demandantes destacaron que la reforma previsional implementó el mal llamado «aporte solidario», ya que no es voluntario y se impuso de manera unilateral y con posibilidades de prorrogarse.
A su remarcaron que «todo esto con la amenaza siempre vigente de que Nación se podría llevar la Caja provincial», para luego señalar que «no es el primer gobierno que lo plantea».
Además de todos los perjuicios mencionados, recalcaron que se suma el «alto aporte que se hace a la obra social Iapos», de la que son cautivos y que no está respondiendo a demandas de enfermedades crónicas, oncológicas o estudios complejos.
Por último, aclararon que «el reclamo y la posterior visibilización no tiene ninguna connotación política, es sólo a los fines de hacer de público conocimiento todos los agravios que estamos sufriendo a nuestros derechos, para que se pueda rever esta situación y se tomen las acciones pertinentes para poner fin a las medidas que nos perjudican a todos los jubilados/as de la provincia de Santa Fe». Al mismo tiempo, adelantaron que continuará la lucha en defensa de sus derechos.
