A raíz de las reformas aprobadas por el Senado provincial que introduce variantes en el Código Procesal-Penal y establecen una mayor dotación de fiscales y aumentan sus facultades, miembros del poder judicial se reunieron con los legisladores departamentales para analizar el funcionamiento a partir de la nueva asignación de fiscales. Con estas modificaciones, habrá una dotación de entre 15 y 17 fiscales en la circunscripción, 10 de ellos en Venado Tuerto. Las recomendaciones internacionales indican un promedio de un fiscal cada 10 mil habitantes.
Sin embargo, el conjunto de reformas no incluye un aumento en el número de jueces y defensores, produciendo un desbalance que perfila al sistema judicial con una orientación de privilegio acusatorio, lo que pone en riesgo ciertas garantías fundamentales. En la Provincia, el Servicio de Defensa Público abarca entre el 80 y 90% de los casos penales. De acuerdo a la situación reglada actualmente, habrá una sola defensoría pública y tres jueves para abastecer el requerimiento de audiencias.
“Tenemos preocupación por el desbalance que va a haber a la hora de asignar recursos y cubrir cargos. Esto es como armar una competencia: tiene que haber dos equipos y árbitros. En este caso va a haber un solo equipo, que es la fiscalía. Nosotros vamos a sacar un petitorio al Ministerio de Justicia en concreto, para que el esfuerzo de que la justicia llegue a más gente no se encuentre bloqueado por estas carencias”, dice el juez Tomás Orso.
Las prescripciones internacionales también suponen un equilibrio entre la cantidad de fiscales y defensores para evitar el énfasis acusatorio en el sistema de justicia. Cada dos fiscales, debería haber un defensor. A pesar de ello, el avance de las lógicas penalistas en Santa Fe tiñen las políticas de seguridad y van configurando un mapa signado por la presunción de culpabilidad y un sesgo persecutorio desde el sistema judicial. “No hay que tomar decisiones apresuradas, esperemos que los diputados se tomen su tiempo y hagan las modificaciones que consideren necesarias”, confía Orso.
En relación a las condiciones operativas, el juez entiende que esta situación generará complicaciones y obstaculizará los objetivos planteados en las anteriores modificaciones: “esto va a generar un cuello de botella. Dentro de las reformas que se articularon, se trataron las cuestiones del Código Procesal-Penal. Entre ellas está el sistema de flagrancia, que requiere defensores y jueces para que funcione. Hay que tener una visión global, porque si nos focalizamos a la emergencia, atento al pedido popular, nos quedamos con una parte. Hay que dar respuestas claras, concretas y que sean efectivas. Se va a hacer un esfuerzo importante para acercarse al número de fiscales recomendados internacional. Pero hay que ver el árbol entero y no quedarse con la rama”.
