(PR/Norma Migueles) El juicio por la megaestafa inmobiliaria continúa con paso lento y esporádico debiendo sortear diversos y particulares inconvenientes para asistir que argumentaron defensa, testigos, OGJ, feriado, etc etc. Así fue el cuarto intermedio que se tomó el martes se extiende hasta el jueves 26 de mayo. De seguir este ritmo sin lugar a dudas la feria será otro obstáculo que llevará el cierre para después de julio.
En los días hábiles de esta semana la fiscalía continuó presentando las escuchas (que aún no terminaron), exponiendo causas de fuerte impacto como la de *Agataura, que mereció ser mencionada por el fiscal Matías Merlo en los alegatos de apertura.
Luego de finalizada etapa de escuchas, continúa la presentación de los testigos que bajaron bastante, ya que la Fiscalía había previsto mas de cien y ahora al parecer serán 76. Incluyendo peritos, testigos y damnificados.
Si bien el presidente del Tribunal, Leandro Martín advirtió que -15 días después de la fecha dispuesta para el inicio del debate diversas cuestiones han demorado su desarrollo- resulta conveniente poner un orden y periodicidad para avanzar con mayor rapidez. De hecho cabe recordar que hay tres jueces que están afectados al juicio y su falta recae en los restantes magistrados, sumado al personal de OGJ, Fiscalía y defensa oficial.
Causa agataura
La causa *Agataura refiere a la venta de un campo que esta ubicado a pocos kilómetros de Venado Tuerto, para ser exactos en el lugar donde se forma la “curva de Pastorino”, propiedad de una familia que hace casi 8 años fue muy nombrada por la misteriosa desaparición de Nicolás Godoy, nieto de uno de los propietarios.
Según planteó el fiscal Merlo, el abogado Antonio DB, hoy acusado de ser jefe de una organización que se dedicaba a la apropiación ilícita de inmuebles urbanos y rurales , se acercó a la familia Jaime precisamente luego de la desaparición de Godoy, primero como asesor de la madre del muchacho y luego trabo confianza con el resto de la familia que integraban la sociedad Agataura y logró que vendieran la propiedad a muy bajo precio, sin tener pleno conocimiento de la transacción, con intervención de un testaferro con poder.
La Causa
En este juicio la Fiscalía apunta a una organización delictiva, integrada por profesionales y testaferros que tenía base en Venado Tuerto pero contaba con ramificaciones en distintos lugares dentro y fuera de la provincia.
Si bien el modo de realizar las operaciones era variado, consistía básicamente en apropiarse de inmuebles de personas de avanzada edad o fallecidas sin herederos, mediante la constitución de poderes otorgados de forma ilícita a terceras personas, que luego concretaban operaciones de compraventa.
Participaban del ilícito: un gestor, un contador, abogados, escribanos y hasta un médico que tenía como rol constatar la idoneidad mental de las personas que eran desapoderadas de sus bienes.
De las 16 personas originales imputadas en la causa, trece acordaron procedimiento abreviado y ya fueron condenadas, algunos en calidad de arrepentidos. Sin embargo, dos de ellos tras firmar un acuerdo con Fiscalía lo apelaron y finalmente la Cámara Penal ordenó que se realice el juicio, que incluye a uno de los acusados que no aceptó abreviar.
