(PR/Norma Migueles) Durante una extendida audiencia en los Tribunales de Venado Tuerto, que duró unas cuatro horas, se desarrolló la audiencia preliminar en la causa denunciada en 2016 por la comisión directiva de Amsafe General López que había asumido hacía unos meses la conducción. El fiscal de causa, Damián Casullo, presentó las pruebas materiales, documental y listado de testigos ante el juez de IPP Adrián Godoy.
Los imputados por «defraudación» son Alberto Maurino y Fernando Gonzalo, quien cuentan con la representación de los abogados Raúl Superti y Ana Regidor, respectivamente. Ambos defensores solicitaron al magistrado -previo a la presentación probatoria- que dictara el sobreseimiento de sus representados por elongación irrazonable de la causa, que está pronta a cumplir 10 años de la demanda; suspensión de juicio a prueba y resolución a través de una probation, abonando una suma reparatoria de algo más de 300 mil pesos, más reglas de conducta, cada uno, sin que ello implique reconocimiento de haber cometido el delito.
También, los letrados defensores coincidieron en solicitar que resulta necesario para sus defendidos terminar con esta larga causa, en la que la persecución penal está siempre sobre sus cabezas desde hace una década evaluando que la prueba es endeble y no tiene correlato con la acusación, subrayando que todo lo actuado durante la gestión de los gremialistas imputados fue aprobado por Asamblea en Amsafe General López.
El fiscal Casullo se opuso a la prescripción y aclaró que hasta ese momento no hubo una presentación formal de las defensas solicitando una salida alternativa el juicio (probation), aclarando que era su prerrogativa proponer la suspensión de juicio a prueba y no estaba evaluada la posibilidad por el MPA. Así, con la resolución de rechazo del magistrado a las pretensiones de los defensores, quedaría terminada la etapa intermedia y habría que esperar la adjudicación de la fecha del debate.
En la audiencia estuvo presente el actual delegado departamental, Javier Delgado, junto con el asesor legal del gremio Carlos Lesgart. También había sido convocado el secretario General de Amsafe, Rodrigo Alonso, quien declinó la invitación por razones laborales.
Los hechos
En noviembre de 2016 la recientemente asumida conducción de Amsafe General López, encabezada por Javier Delgado, realizó una denuncia por estafa y defraudación contra el anterior secretario, Alberto Maurino, y el secretario adjunto de la delegación, Fernando Gonzalo.
Luego, en diciembre de 2021, ambos fueron imputados por la Fiscalía y un año después se realizó la audiencia cautelar, donde se fijó una fianza con embargo de bienes y se les prohibió salir del país. En febrero de 2025 se presentó la acusación.
Por último, Casullo sostuvo que la demora del proceso estuvo fundada en la complejidad de la temática, en la que debieron intervenir peritos, recabar testimoniales de personas que se mencionaban dentro la investigación como receptores de pagos por trabajos no realizados, análisis de documentación gremial y contable, y auditorías, entre otros.
