(PR/Norma Migueles) Un intenso debate se dio este miércoles en la sesión del Concejo Municipal con la presentación del edil Sebastián Roma, quien repudió la proscripción de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández, como resultado del rechazo al recurso de queja presentado por su defensa, ratificando el fallo que la condena a seis años de prisión.
Cabe recordar que en forma inmediata los fiscales pidieron la detención, pero el Juzgado le dio cinco días de plazo para que se presente ante el magistrado.
Al respecto, Roma advirtió que «la evidente proscripción de la ex presidenta de la Nación, no responde a criterios jurídicos sino a una estrategia sistemática de persecución política a través del Poder Judicial, con el objetivo de excluir de la vida democrática a quienes representan un proyecto nacional y popular».
Luego, agregó que «el funcionamiento actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como muchos sectores del Poder Judicial en nuestro país, presenta niveles de parcialidad, falta de transparencia y sometimiento a lógicas corporativas que minan la legitimidad institucional y ponen en riesgo la división de poderes».
«Se han conocido evidencias claras de la colaboración entre grandes sectores económicos y miembros del Poder Judicial involucrados en estas causas. Esta alianza político-económica busca excluir a la expresidenta del escenario político a través de mecanismos judiciales, en lugar de permitir que las diferencias se resuelvan en el ámbito democrático», agregó el concejal justicialista.
A su vez, Roma planteó que «esta situación no sólo atenta contra los derechos políticos de una persona en particular, sino que constituye un grave precedente que amenaza el normal funcionamiento de la democracia en nuestro país».
Contra la impunidad, pero con legalidad
La propuesta fue acompañada por Ciudad Futura y los fundamentos estuvieron a cargo de Florencia Giacometti, quien recordó que la causa se inició hace 16 años alegando que «nadie está a favor de la impunidad, pero este proceso estuvo plagado de irregularidades. Primero, se resolvió que no había competencia para juzgar, luego que sí correspondía. Entiendo que tienen que imperar la razonabilidad y la ley sobre todas las cosas, pero hemos visto cosas gravísimas como la vinculación del poder judicial con el poder político».
Más adelante, agregó que «acá en Santa Fe también lo hemos visto en numerosas oportunidades. Cuando la Justicia está ligada al poder político no es independiente y si no es independiente vemos cosas como las que suceden hoy en día».
A continuación, adelantó que «en el caso de Cristina Fernández será una corte internacional la que definirá si se respetó el debido proceso y los derechos constitucionales» y luego ratificó que «es deseo del bloque que no haya impunidad en ninguno de los tres estamentos del Estado: nacional, provincial y municipal».
Una larga causa
Por su parte, desde el bloque Unidos, Micaela Meinero señaló que la resolución de la Corte Suprema «tiene trascendencia institucional y está claro que en un estado de derecho nadie puede estar por fuera de la ley».
«Una causa que tarda 17 años en llegar a una condena evidencia que tenemos un sistema que no esta a la altura para resolver la impunidad. Las causas no se resuelven ni en los medios, ni con operaciones mediáticas, sino con instituciones que actúen con celeridad, transparencia y credibilidad», remarcó.
En tanto, el concejal Juan Ignacio Pellegrini también expresó su opinión recordando que «estamos ante un fallo de la Suprema Corte de la Nación, no estamos hablando de una imputación, ni un fallo en primera instancia es un fallo del máximo órgano de control judicial que tenemos hoy en la Argentina. Toda la defensa que escuchamos en estos días, tiene que ver con una defensa política».
«El 80 por ciento de las licitaciones del sur fueron cedidas a una sola empresa y en 51 licitaciones hubo fraude al Estado, con un sobreprecio del 65 por ciento», detalló el edil radical ilustrando la gravedad de las maniobras que fueron juzgadas con el desmedido crecimiento patrimonial de esas empresas y también de Lázaro Baez.
