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La confesión inconfesable de Freyre

PUEBLO Regional On Line reproduce un texto redactado para el diario El Ciudadano de Rosario por el periodista David Narciso.

El presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, José Luis Freyre, no puede aducir que lo sacaron de contexto ni plantar excusas. Habló abiertamente de la posibilidad de una intervención federal en Santa Fe y hasta desplegó los primeros argumentos a favor, que evidentemente ya están estudiados, en el sentido de que “por mucho menos” otras provincias fueran intervenidas por el gobierno central, como Santiago del Estero en 2004. Podría haber citado también el caso de Santa Cruz y el gobernador Acevedo. De más está decir que no existe hoy en Santa Fe ni cerca las condiciones previstas en la Constitución para esa medida extrema.

Freyre se fue de boca: reveló la hoja de ruta trazada, que en realidad es un plan inconfesable en democracia, que consiste en proyectar una futura intervención federal como estocada final de una operación política que usó como insumo inicial la investigación objetiva de una fuerza de seguridad nacional realizada con la debida supervisión judicial.

La gravedad no sólo pasa por la investidura de quien lo dijo, sino que lo que dijo no fue un lapsus, una metáfora, ni una divagación individual. Freyre reprodujo lo que escuchó o discutió en algún despacho nacional o en ámbitos del PJ santafesino. ¿Quizás en la reunión partidaria realizada el viernes en Santa Fe? Como sea, la idea no nació de un repollo.

Cadena de desaciertos

Además, sus dichos son creíbles porque engarzan a la perfección con otros acontecimientos. Dos en particular: la desafortunada decisión de dejar las sillas vacías en la convocatoria del gobernador a todos los diputados nacionales de Santa Fe, con una excusa tan infantil que resulta un insulto a la política. Y el “incidente menor” protagonizado por el diputado y jefe de La Cámpora Andrés Cuervo Larroque en el Congreso nacional refiriéndose al “narcosocialismo” en plena sesión.

Hasta ahora se creía que ese tipo de expresiones dentro del Congreso y que tanto sufrió el kirchnerismo eran patrimonio exclusivo de la cada vez más aislada Elisa Carrió, pero esta vez fue un oficialista el agraviante. Larroque es otro caso que no puede aducir excusas, aún con la justificación que hizo la presidenta y el regocijo de Agustín Rossi, el jefe de bancada, un político que no usa esos métodos para el debate y que fue víctima de ataques similares y peores aún, por los que recibió el respaldo no sólo del kirchnerismo, sino también de muchos sectores de la prensa, de partidos opositores entre los que se anotó el Partido Socialista y de innumerables organizaciones intermedias, sociales y políticas.

Interpelaciones

Esta semana la oposición usará su mayoría para citar a interpelación al ministro de  Seguridad Raúl Lamberto. Si bien ya estuvo en la Legislatura hace 10 días por el mismo tema, está dentro de las reglas de juego político activar estos mecanismos institucionales en estas ocasiones. Para muchos justicialistas, sería un triunfo ver rodar la cabeza de un caracterizado hombre de la cúpula socialista y por eso van. Otros ya tienen en carpeta el paso siguiente: imaginan obligar al mismísimo Hermes Binner a someterse a una interpelación.

Sin embargo ir por más sin medir bien el terreno puede resultar en errores, como lo viene comprobando el kirchnerismo desde que aquel viernes dejó las sillas vacías en Gobernación.

Policías y drogas

Algo de eso pasó con la invitación a la comisión de Seguridad de Diputados de Norma Castaño y del comisario retirado Emilio Mendoza. En el primer caso, una quirúrgica intervención de la diputada oficialista Alicia Gutiérrez puso en su debido contexto la problemática sobre la que fue a hablar la referente de Madres Solidarias, cuyas denuncias no empezaron en 2010 contra Tognoli, sino en 2003, cuando apuntaba que el personal de la ex Digedrop y altos jefes policiales tenían connivencia con el narcotráfico. Cualquiera en internet puede hallar artículos periodísticos con los antecedentes de esas acusaciones nunca probadas y probablemente ni siquiera investigadas, por ejemplo contra un comisario que llegó a jefe de Policía de Rosario y de la provincia y ya retirado fue dirigente de Rosario Central.

En el caso de Mendoza, que llegó a subdirector de Drogas y hoy sigue viviendo en el mismo departamento Fonavi que vivió toda su vida, más allá de su enojo personal con Tognoli porque se sintió traicionado y usado a la hora que tuvo que asignarle responsabilidades jerárquicas, contó que durante años fueron amigos, comían juntos con las familias y que cuando trabajó en Drogas, Tognoli, que era su jefe, “se comportó siempre como un señorito inglés”.

Eso no quita que tras sus intervenciones ante la comisión quedó flotando la misma sensación que tiene cualquier vecino sobre connivencia entre policías y narcos y la falta de reacción desde el poder político ante un problema que se fue agravando. Por ejemplo, Mendoza dijo ante los diputados que para que haya tanta droga circulando es porque algún sector de la Policía le da protección, pero también se explaya sobre el ingreso de las drogas ilegales por las fronteras del país y las provincias vecinas, donde la santafesina no tiene injerencia.

Hasta la media tarde del domingo cuando se escriben estas líneas, los únicos justicialistas que tomaron posición sobre las declaraciones de Freyre fueron Agustín Rossi y Luis Rubeo, relativizando la importancia y acusando al gobierno provincial de sobreactuar para correr el eje y evitar discutir la crisis generada con la Policía. El resto hizo un sospechoso silencio. Donde puso las cosas Freyre, exige que María Eugenia Bielsa, Omar Perotti, Rossi, Oscar Cachi Martínez, los senadores provinciales del PJ, Gerardo Rico y el resto de los referentes partidarios despejen de un plumazo el asunto con un posicionamiento contundente y sin ambigüedades. Que Freyre se salve solo si puede y si no que deje la presidencia partidaria. Si su estrategia para tratar de contener a todo el PJ es el horizonte de una intervención federal para recuperar el poder perdido en las elecciones de 2007, hay que avisarle que está proponiendo más problemas que soluciones.

Sobreactuaciones y democracia

Sectores del kirchnerismo calificaron de “sobreactuación” la movida que el gobernador Antonio Bonfatti hizo en la sede de Gobernación junto a su gabinete y referentes y presidentes de los partidos que integran el FPCyS. Es la misma argumentación que los antikirchneristas usaron en 2008 contra la presidenta Cristina Fernández, Néstor Kirchner y los argentinos que estuvimos en la Plaza de Mayo convocados para defender un orden constitucional que se veía amenazado por sectores desestabilizadores que se habían encaramado sobre el descontento que generó la resolución 125.

Ninguna movida está de más cuando se agita la amenaza de ruptura de un mandato surgido del voto popular. En Argentina sobran antecedentes. Todo empieza así, pretendiendo que se trató de una declaración desafortunada e inocente pero que en realidad esconde el objetivo de plantar la semilla de la desestabilización política.

La política en estado de shock

Nadie tiene demasiado en claro dónde termina lo que empezó con el caso Tognoli. Por lo pronto la agenda legislativa de fin de año, que como siempre reúne temas trascendentes, parece haber estallado por los aires. Referentes del justicialismo ya adelantaron a El Ciudadano que hasta el año que viene (marzo en el mejor de los casos, mayo si no es en período de extraordinarias) no se tocará el proyecto de presupuesto 2013 ni el endeudamiento externo solicitado para obras de infraestructura pública.

En el gobierno provincial hasta el viernes estaban preocupados por cómo se pintaron la cara algunos sectores de diputados del PJ, pero consideraban que con los senadores justicialistas perduraba un nivel de diálogo y trabajo aceptable. Esta semana empezará a verse en qué lugar puso las cosas Freyre.

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