La Defensora General de la Provincia, Jaquelina Balangione, conversó con PUEBLO Regional en el marco de su visita a Venado Tuerto por una actividad organizada a través del Colegio de Abogados, además de realizar una visita periódica a la delegación regional de la Defensoría.
La profesional comentó que se intenta poner en marcha un sistema de abogados prestadores que se viene implementando en Rosario, Santa Fe y Rafaela para ocuparse de los casos que se acercan a la Defensa Pública y cuentan con recursos económicos, dado que la ley habilita a cobrar un honorario. En ese contexto, se organizará un curso de capacitación a los anotados, luego se les tomará un examen para ser designados.
En un contexto nacional marcados por dos casos escabrosos en las vísperas a la realización de la quinta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil -el de los empleados del supermercado Coto que mataron a un anciano y el del agente policial que mató a una persona de una patada- la defensora pública explicó que, en Santa Fe, en lo referido a violencia institucional y violencia policial, “venimos trabajando arduamente” y aclaró que se lleva adelante un registro público de casos de violencia y de tortura que se publica anualmente.
“Son bastante altos los niveles de violencia institucional, que no es solamente la violencia física, sino que los casos a los que apunta la Convención para la Eliminación de la Tortura, es más amplia, incluye a personal policial, penitenciario o judicial, y se refiere a una persona que esta reducida en su autonomía”, indica.
Además, señaló que se realiza el acompañamiento de la víctima a hacer la denuncia y a buscar el abogado que la representará en caso de ser querellante. “Nosotros tenemos una postura de restricción del allanamiento, dado que se afectan derechos de una persona o de un grupo de personas, permitiendo por orden judicial un ingreso ofensivo a una vivienda para favorecer una investigación”, subrayó. Balangione, que previamente fue jueza, especificó que deben detallarse qué se va a buscar, cuales son los horarios que se habilitan. “Estos mecanismos de saturación hacen que se pierdan esos controles”, completa.
“Siempre recaen sobre sectores populares donde la marginalidad implica cierto modo de vida, pero eso no indica que se esté cometiendo un delito”, agrega, y abunda señalando casos donde hubo detenciones por la mera sospecha levantada por no ser del lugar, algo que se conoce corrientemente como “portación de cara”. Por otro lado, dijo que “Venado Tuerto tiene un capítulo aparte, conozco la mano dura de la ciudad, y eso tiene que ver con políticas que vienen por otra parte, por legisladores bregan por eso y eso se naturaliza”.
