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La jueza Irrazábal aceptaría prorrogar el remate del Olimpia

Después de las repercusiones públicas y la iniciativa de los vecinos que iniciaron una campaña de apoyo al club, que incluyó adhesiones de distintas personalidades y la realización de un abrazo simbólico, el estadio del club Olimpia finalmente no será rematado. Así lo afirmó en exclusivo a PUEBLO Regional la Jueza del fuero Civil y Comercial de Melincué, Analía Irrazabal. La magistrada aseguró que está dispuesta a prorrogar el remate del establecimiento.

En el marco de la quiebra, Spinozzi, Enrico, Freyre, Pieroni y Eggiman, presentaron un escrito de suspensión de la licitación programada para el primero de septiembre. La nota solicitaba “una prórroga de la declaración de subasta pública para la causa de la Sindicatura ‘Daniel Lesnaberes contra el Olimpia Basketball Club’, prevista para el próximo 1º de septiembre, por 90 días, a fin de poder concluir con las acciones iniciadas que permitan articular los mecanismos legales entre los sectores públicos y privados, llámese a esto convenios con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, con el Municipio de Venado Tuerto, con Senador del Departamento General López, Legisladores Nacionales, Legisladores Provinciales y/o empresas o personas del orden privado que han decidido colaborar monetariamente y por lo cual se hace necesario un marco legal que permita disponer de esos fondos y puedan aplicarse a la cancelación de las acreencias del Club, como así también la espera de acciones que se iniciaron con organismos estatales acreedores del Club, y por la cual se espera una respuesta en los próximos días”.

La unidad política respecto al tema refleja la importancia que el caso tuvo para la ciudad y representa un hito relevante en la unidad para defender el patrimonio público frente al avance de las presiones que por vía judicial tienden a arrastrar terrenos y edificios en conflicto hacia la especulación financiero-inmobiliaria.

Los referentes políticos argumentaron que se encargarán de sanear la deuda y solicitaron un plazo de 90 días. El Juzgado no se opone, pero la suspensión de la medida queda supeditada al cumplimiento del compromiso contraído. Se ordenara a partir que se le deposite a la martillera actuante los gastos en los que incurrió para la licitación y sus honorarios profesionales que ascienden a los 108.810 pesos.

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