(PR/Norma Migueles) En el marco de una audiencia realizada en las primeras horas de la tarde de este miércoles en los Tribunales de Venado Tuerto, a solicitud de los fiscales Iván Raposo y Franco Carbone, el juez de IPP Mauricio Clavero ordenó la destrucción de dos viviendas en barrio Villa Moisés, usadas como búnkeres para la venta de drogas. Se trata de una medida inédita y que tiene lugar en el marco de la nueva Ley de Microtráfico vigente en la provincia de Santa Fe.
Además, de la audiencia participaron el secretario de gobierno municipal, Mariano de Mattia; el delegado del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Nahuel Pasquinelli; el jefe de la URVIII de Policía, Sebastián Pezzali; y el coordinador regional del Ministerio de Seguridad.
En la audiencia, el fiscal solicitó derrumbar dos viviendas, una de ellas de características precarias, emplazadas en calle Pavón al 1880 y 1880 impar, en Villa Moisés, lugar donde se realizaron diversos allanamientos en los últimos días y se detuvieron a cinco personas investigadas por narcotráfico, quienes tras la audiencia celebrada este lunes quedaron en prisión preventiva.
Además, en la oportunidad, sólo fueron convocadas tres de ellas, habitantes de los domicilios mencionados, que a la fecha ambos están deshabitados y fueron reconocidos por dos de las personas detenidas como lugar de paso y no como domicilio real. Respecto a la otra vivienda, en tanto, la persona hallada al momento de la detención había admitido que se la había cambiado por la suya a una mujer, quien actualmente tiene pedido de captura por narcotráfico.
El fiscal Raposo esgrimió un abultado bagaje probatorio, tanto de la Justicia ordinaria como federal, de que las viviendas eran utilizadas como lugar de venta de estupefacientes, remontándose a años atrás, donde en forma consecuente se realizaron diversas intervenciones policiales y judiciales por venta de estupefacientes o comisión de delitos violentos, balaceras, grescas, golpizas, uso de armas de fuego y armas blancas, entre otras. Un dato no menor es que iban cambiando los nombres de los habitantes, pero el lugar era inmediatamente ocupado por otras personas con el mismo fin.
Por su parte, el secretario de gobierno, Mariano de Mattia, ratificó que esos terrenos son propiedad de la Municipalidad y fueron usurpados, emplazándose el asentamiento ilegal sobre el cual el Gobierno de Venado Tuerto trabaja para mejorar la calidad de vida a través del área de Acción Social.
En tanto, el jefe de la URVIII, Sebastián Pezzali, indicó que es un lugar de constante conflicto que demanda, de forma periódica, la presencia de las fuerzas de seguridad en desmedro de una distribución más equitativa de policías en relación a otros lugares de la ciudad.
Nahuel Pasquinelli, a su vez, valoró la vigencia de la reciente Ley de Microtráfico que autoriza, precisamente, a la Justicia demoler estos lugares que reúnen las condiciones enumeradas por la Fiscalía y que atentan contra la paz social.
Al momento de la resolución, el juez Mauricio Clavero recordó el impacto negativo en jóvenes y niños de la droga, pero sobre todo, si en su cotidianeidad ven a las personas que acceden a un mejor nivel de vida vendiendo estupefacientes, resultando un ejemplo negativo en su crecimiento. También, señaló que es necesario que la Municipalidad colabore en el desguace de las viviendas de Pavón 1880/1880 impar y se verifique que no se afecten a las casas linderas.
