La polémica por los aumentos en las boletas de luz deja abiertos interrogantes sobre el rol del gobierno provincial y, fundamentalmente, el comportamiento de la Empresa Provincial de Energía (EPE). La permanencia de sectores económicos que no pagan impuestos, a pesar de su altísima rentabilidad, es uno de los focos problemáticos que pocos espacios políticos se animan a denunciar.
“Yo creo que la Provincia puede comportarse de otra forma, porque el presupuesto que aprobó la mayoría de los
representantes, que nosotros no hicimos, es de 103 mil millones de pesos. y lo que la EPE tiene que pagar es un aumento de 3800 millones. Esa plata son, por casualidad, el mismo monto de las exenciones impositivas. Nosotros planteamos que se dejen de lado esas exenciones, especialmente a los grandes exportadores, y no que lo pague el pueblo. Las grandes exportadoras no pagan ingresos brutos desde 1991. Comienza a aparecer la idea de que los santafecinos no nos vamos a bancar este aumento tremendo, que va a implicar el cierre de muchos comercios de barrios. Hay plata suficiente en la provincia y tienen que pagar los que más tienen”, comenta Carlos Del Frade, diputado provincial por el Frente Social y Popular.
En Venado Tuerto, la discusión sobre la quita de subsidios y los aumentos de la electricidad viró en un cuestionamiento al papel de la Cooperativa Eléctrica, impugnando su función y eficacia, vaciando el contenido político del asunto. “Yo veo que hay una necesidad grande, porque los subsidios eran fundamentales para mantener un precio de la luz pagable. Hay una intervención del gobierno nacional para sincerar la cuestión, pero eso implica un perjuicio para las familias. Me parece importante que el gobierno provincial se haga cargo de lo que no se hace cargo el gobierno nacional, eso también forma parte de la discusión. La política de la resignación es injusto para los que siempre pagan, que son las familias trabajadoras. Hay una decisión del gobierno de Macri de quitar subsidios con un costo social enorme”, agrega el periodista rosarino.
La idea del sinceramiento y normalización encubre la puesta a punto de la rentabilidad de las grandes empresas, dejando como una cuestión anormal que sea el pueblo quienes no tengan que acarrear con los costos. “Eso viene desde 1955, con el golpe contra Perón, donde los servicios públicos se pusieron en jaque, pensando que son empresas y como toda empresa tienen que dar ganancia. Es mentira, son servicios públicos, no tienen que dar ganancias. Se trata de que el Estado invierta en la infraestructura indispensable para que el pueblo pueda vivir”, resume.
Comentarios cerrados