Si bien la llamada ley Brisa, que establece el derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes huérfanos a partir del femicidio de sus madres a percibir una reparación económica, está vigente desde hace casi un año, las dificultades de su tramitación son un obstáculo para que los chicos accedan a ese derecho. Y no es menor si se tiene en cuenta que hasta mayo de este año se contabilizaron 100 femicidios en la provincia, que dejaron a 80 niños sin sus madres. Ahora, con la aprobación de la Cámara de Diputados, serán la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia y la Dirección Provincial de Políticas de Género, los organismos del Estado que deberán garantizar el efectivo cumplimiento de las reparaciones, asistiendo a los beneficiarios en el trámite de la documentación requerida y en la gestión personal ante la Ansés.
«La ley Brisa significó un enorme avance en relación al abordaje y respuesta que desde el Estado podemos dar a quienes pierden a su madre en manos de la violencia machista, pero por sí solo esto no alcanza», explicó la diputada Silvia Augsburger (Igualdad y Participación).
Para la legisladora, «el poco conocimiento por parte de la población, la complejidad de la documentación requerida, fundamentalmente las sentencias judiciales, y el requisito de presentarse personalmente en una oficina de Ansés, centralizadas sólo en algunas localidades de la provincia, imponen obstáculos importantes a las personas que pueden acceder a este beneficio».
Por eso, la iniciativa no sólo contempla que a partir de ahora sean estas dos reparticiones del Estado las que acompañen el trámite, sino que además deberán realizarse campañas de difusión respecto a este derecho, e incluirse en el sitio web del gobierno provincial la información y los links oficiales para acceder a los formularios.
Fueron las integrantes de la organización Mujeres de Negro las que acercaron la problemática que atraviesan centenares de niños en el país a la Legislatura. De hecho, en la última década fueron más de 3.500 chicos quienes perdieron a sus madres a manos de femicidas; y en Santa Fe, sólo en los primeros cinco meses de 2019, fueron 80 los chicos y adolescentes que se encontraron en esa situación.
Si bien la legisladora indicó que la mayoría de ellos, víctimas también de sus padres, «están al cuidado de familiares», agregó que «muchos ya tenían otros niños y, con todas las consecuencias económicas, además del impacto en la organización de la convivencia que ello significa, es necesario que el Estado acompañe la implementación facilitando el trámite y evitando obstáculos innecesarios».
El año pasado
La ley se aprobó en Santa Fe en julio de 2018 y les otorga a los niños y adolescentes el derecho a percibir una reparación económica equivalente a una jubilación mínima hasta que cumplan 21 años y de por vida en el caso de tener alguna discapacidad.
La normativa, una «reparación» por parte del Estado que debe garantizar «una vida digna» para esos niños, toma el nombre de Brisa por la hija de Daiana Barrionuevo, asesinada a golpes por su marido lván Rodríguez en diciembre de 2014.
Tras el hecho la niña y sus dos hermanos están a cargo de su tía, Cintia, mamá de otros tres niños.
Fuente: La Capital
