(PR/Norma Migueles) El próximo miércoles 24 se realizará la audiencia de apelación planteada por la defensa del religioso acusado de abuso sexual agravado, en tres casos y abuso sexual doblemente gravado en uno, en perjuicio de alumnas de un colegio católico de Venado Tuerto, cuando se desempeñaba como director del nivel primario. La audiencia estará presidida por el juez de Cámara Juan Pablo Lavini Rosset.
El abogado defensor, Arsenio Domínguez, planteó ante el organismo superior el rechazo a la resolución de la jueza de IPP Paula Borrello, emitida en la audiencia preliminar realizada en los Tribunales de Venado Tuerto el 25 de marzo pasado, respecto a tres puntos:
1. Incompetencia territorial respecto a dos de las causas investigadas, ya que los hechos denunciados habrían ocurrido en la pileta de un hotel de la localidad de Calamuchita, donde el directivo se encontraba con alumnas del establecimiento, quienes a la fecha ya cumplieron la mayoría de edad, por lo tanto, no les cabría la Convención de los Derechos del Niño. El defensor advirtió que ambas causas debían derivarse a esa jurisdicción de Córdoba ya que acontecieron en esa provincia.
2. Plazos vencidos: Domínguez, además, cuestionó la fecha en la que la querellante presentó la acusación, considerando que fue extemporánea ya que a su entender estaban vencidos los plazos. Cabe recordar que hasta noviembre la representante de la querella era la doctora Daniela Bravo, pero luego renunció y asumió su colega Ana Regidor.
3. No se presentaron las pruebas con la acusación: el abogado planteó la inadmisibilidad de la acusación pues con ella no se acompañaron los documentos y medios de prueba material. «No quedan dudas que la documentación acompañada por el MPA y medios de prueba materiales se presentó a posteriori y NO con la acusación, que es lo exigido por la norma», sostuvo.
Cabe recordar que en 2019 ingresó la denuncia contra el religioso por el abuso contra una niña. Con el tiempo se sumaron otras presentaciones con víctimas que tenían, al momento de los hechos, 12 años de edad. Todos, en el establecimiento educativo. La Fiscalía y querella pidieron 16 años de cárcel.
Ahora, la Cámara deberá intervenir y resolver estas cuestiones, mientras los plazos se alargan contra la pretensión de la Fiscalía de que el acusado cumpla la pena en prisión ordinaria, si es encontrado culpable.
