Familiares de Gerardo Escobar marcharon hasta Gobernación con otros deudos de crímenes similares. Hoy irán al tribunal federal a pedir que un juez se declare competente y saque la investigación del fuero provincial, en la que no confían.
La manifestación que ayer por la tarde unió la Fiscalía de Homicidios con la sede local de Gobernación trascendió el reclamo de justicia por el asesinato y desaparición de Gerardo Escobar, porque sumó las voces de otros casos parecidos y enhebró una lista de crímenes aún impunes que iluminan un contexto de violencia institucional alimentado por la acción u omisión de policías y funcionarios de poderes ejecutivos y judicial. En ese marco, los familiares del joven de cuyo homicidio ayer se cumplió un mes y que apareció muerto en el río el 21 de agosto, renovaron su pedido de que la investigación se reconfigure como «desaparición forzada de persona» y, entonces, que pase al fuero federal. Descreen de la pesquisa que edifique la Justicia provincial, dado que entre los cinco imputados por el crimen y desaparición del cuerpo hay tres policías provinciales que trabajaban en el after La Tienda, donde Escobar fue visto por última vez.
Desde que el juez de instrucción Luis María Caterina interpretó hace trece días que «no hay elementos que ameriten encarar esta investigación como una desaparición forzada de persona» y dispuso que el caso continúe en el fuero provincial, la familia Escobar reunió más apoyos, no sólo de varias organizaciones constituidas en una multisectorial por la causa de Gerardo, sino también de familias que atraviesan un dolor similar, el de haber perdido a un miembro en situación violenta e impune.
El abogado Guillermo Campana, de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, reveló Rosario/12 que hoy acudirán al tribunal federal para pedirle al juez en turno, Carlos Vera Barros, que se declare competente en la causa y solicite su derivación a ese fuero para investigarla como desaparición forzada de persona, tal la figura pertinente cuando hay presunción de que hay intervención de agentes o recursos del Estado en el delito. Mientras tanto, esperan que este jueves a la familia Escobar se le permita constituirse como querellante para tener acceso al expediente, algo que hasta ahora le impidieron pese a que el nuevo sistema penal en vigencia lo permite.
El clamor volvió a ganar la calle ayer por la tarde, con una nutrida marcha desde Montevideo y Alvear, frente a la Fiscalía de Homicidios, hasta el edificio de Gobernación, en Santa Fe 1950. Los familiares de Escobar estuvieron acompañados por los de Franco Casco -desaparecido hace un año en la comisaría 7ª y hallado muerto en el río- y de Any Rivero -asesinada en noviembre de 2014 frente a una disco de Capitán Bermúdez-, entre otros. «Es preciso construir justicia popular y exigir avances concretos en la investigación, ante la desidia y la violencia del Estado. La calificación legal de este delito contra Pichón Escobar debe ser la desaparición forzada de persona», plantearon desde la multisectorial, en un comunicado que repasó la pesadilla desde el 14 de agosto, cuando el muchacho salió de La Tienda y fue, se presume, atacado y asesinado por uno o más patovicas de ese bar, hoy clausurado.
El relato de quienes apoyan la causa hilvanó como muestras de violencia institucional el caso Casco, el homicidio de David Vivas a manos de un policía en Villa Constitución, en 2013, el de Jonathan Herrera, muerto por un balazo policial en Ayacucho y bulevar Seguí, el caso Escobar, la «amenaza del juez (Adolfo) Prunotto Laborde contra el padre de Paula Perassi», la absolución de Brian Sprio, uno de los condenados por el triple crimen de villa Moreno, y el asesinato de Roberto Arrieta hace dos semanas frente a la comisaría de Puerto General San Martín. «Seguimos contando muertos por violencia policial ante un entramado de connivencias que involucra a la fuerza, la Justicia y los distintos niveles del Poder Ejecutivo», denunciaron. Incluyeron en sus señalamientos a la intendenta Mónica Fein como responsable política de «habilitaciones de negocios fuera de la ley», en el marco de «un modelo que castiga a los jóvenes trabajadores y de sectores populares, y que cuenta con el Poder Judicial como garantía de impunidad de las fuerzas represivas».
En el cierre del acto, Luciana Escobar evocó a su hermano Gerardo con una comparación y un verso de Pablo Neruda. Lo definió como «un tronco chueco de ramas fuertes para treparse a él» al que los asesinos «lo arrancaron de raíz y no nos dejaron disfrutar de sus flores. Podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera. Justicia», concluyó.
Fuente Página 12
