(Agencia Sin Cerco – Lucas Paulinovich) La sanción de un Mecanismo de Prevención de la Tortura convertiría a Santa Fe en la octava provincia en contar con ese instrumento. Nueve veces fue presentado el proyecto en la Legislatura provincial. Tres veces recibió media sanción en Diputados, pero hace once años que no puede superar la barrera de la Cámara de Senadores. Con la reciente visita del relator para Argentina del Subcomité de Prevención de
la Tortura de Naciones Unidas, Emilio Ginés, y el pedido de aprobación del proyecto legislativo, surge una nueva oportunidad para encontrar un curso legislativo próspero.
El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, que estuvo reunido con el representante de la ONU -Organización de las Naciones Unidas-, expresó el compromiso que la nueva gestión tiene en avanzar en la creación del organismo de monitoreo y seguimiento que establece el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Uno de los elementos centrales es la obligación que tienen los Estados que ratificaron la Convención de promover un organismo autónomo que realice visitas periódicas a los lugares de privación de libertad, no solo reducido a cárceles y comisarías, sino también en centros de rehabilitación de adicciones y hospitales psiquiátricos.
En 2004, la Argentina se convirtió en el sexto país en ratificar la Convención y contribuyó activamente con fondos, la promoción del acuerdo entre otros países y la postulación de expertos. En 2012 se sancionó
la ley 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, reglamentada en mayo de 2014. Esa ley obliga a las provincias a establecer mecanismos provinciales de prevención de la tortura en línea con la convención internacional. Salta, Mendoza, Río Negro, Corrientes, Misiones y Tucumán tienen el mecanismo funcionando, pero solo el caso de Chaco se encuentra adecuado a lo prescrito en el protocolo facultativo. El año pasado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación envió a Santa Fe un dictamen haciendo una serie de recomendaciones para que modifique el proyecto de ley en línea con la Convención.
Pujas de seguridad
Unas horas antes de la presentación, el ministro de Seguridad había arrojado algunos números sobre la situación en la provincia, dijo que el 30% de los presos que tienen el beneficio de salidas transitorias no regresa a los penales, La declaración mediática no hace más que abonar el pánico generado en torno a las supuestas puertas giratorias y permeabilidad del sistema penal y carcelario, un aval social necesario para la implementación de medidas de endurecimiento de penas y aumento de la población encerrada.
Las presiones que la línea más dura del Frente Progresista viene realizando sobre la Justicia para que esta endurezca las penas y se ahorre concesiones de derechos, se fueron incrementando en el último tiempo; acompañadas también de propuestas concretas para restringir las salidas transitorias y extender las prisiones preventivas, lo que sería una abolición en los hechos de la presunción de inocencia. El ministro, que incorporó al discurso oficial la preocupación por las altas esferas del crimen organizado y el lavado de activos originados en las actividades del narcotráfico, aseguró que de las 145 personas que gozaron de ese beneficio en la Unidad Regional I en los últimos años, 22 fueron recapturadas en hechos delictivos.
Las medidas de seguridad suelen tener impactos variados sobre la población. El orden de prioridades hace también a la problemática. El Registro Provincial de la Tortura, que depende de la Defensa Pública, viene relevando los casos de torturas que se producen en las cárceles y reparticiones policiales, como también los abusos por parte de los agentes policiales que patrullan las calles. El año desde el Registro se denunciaron 187 casos de violaciones a los derechos humanos de la policía santafesina. La realidad de las cárceles, las condiciones de alojamiento, los tratos ofrecidos a los presos y las características de la población que termina encerrada no son temas que preocupen a la opinión pública. Para algunos sectores el riesgo es que los presos, salgan y reincidan; las soluciones propuestas son siempre de mayor rigor y el consenso buscado es punitivo.
La situación de las cárceles provinciales mereció llamados de atención de distintos organismos internacionales en reiteradas oportunidades. “Básicamente lo que la ONU le viene diciendo al Estado argentino es que se está incumpliendo la Convención y que hasta que no tenga el mecanismo nacional establecido y las 19 provincias que faltan los establezcan, Argentina va a seguir incumpliendo una obligación internacional. Hubo otras comunicaciones de la ONU, concretamente la promovida por el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas”, dice Enrique Font, titular de la cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario e integrante del Subcomité de Naciones Unidas.
Los casos de muertes dentro de las cárceles generalmente son caratuladas como suicidios de forma exprés y se abandona toda investigación. Esta conducta le mereció a la provincia un reciente llamado de atención por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Personas de las Naciones Unidas que tomó en consideración el caso de Roberto Yrusta fallecido el 7 de febrero de 2013 en la cárcel de Coronda. Roberto Yrusta había sido trasladado sin orden judicial y sin permitirle comunicarse con su familia ni recibir la asistencia de un abogado o del servicio de defensa público. En una audiencia ante el Sistema Interamericano del 2015 -impulsada por la Defensoría Pública de Buenos Aires, Chubut y Santa Fe- se hizo mención a la falta de un mecanismo de prevención de la tortura. Hasta ahora solo son llamados de atención.
“En ese momento, hubo una defensa muy débil de Juan Lewis -quien fuera el ministro de Justicia-, que intentó decir que si bien Santa Fe no tenía el mecanismo adecuado de supervisión, tenía otros como la Coordinadora de Trabajo Carcelario o las pasantías del Colegio de Abogados; estos nada tienen que ver con lo que establece la Convención internacional, la cual obliga a tener un órgano específico de prevención de tortura y malos tratos en lugares de detención. Si alguno de esos casos llega al Sistema Interamericano y es admitido y tratado por la Corte, ahí sí hay posibilidades de obligar a un resarcimiento, porque Argentina ha aceptado la jurisdicción. Lo que hay por ahora es una situación donde el país va quedando en evidente incumplimiento ante distintas instancias”, agrega Font.
Los que están en prisión
En Santa Fe existe una gran cantidad de población penitenciaria alojada en dependencias de la Policía como comisarías, subcomisarias o alcaldías. Alrededor de 1513 presos se encuentran en el Servicio Penitenciario Provincial (52%) y aproximadamente 1379 en dependencias policiales (48%). En los casos de la Justicia Federal, el porcentaje se incrementa: los detenidos en dependencias policiales escala al 63%.
Otra de las particularidades destacadas es el gran número de personas encarceladas de forma preventiva, sin condena firme. La lógica nacional marca la regla que se reproduce en el plano provincial: de las 10328 personas presas en el SPF, solo un 39,2% están condenados. Respecto a enero de 2014, hay 611 personas más detenidas sin condena firme, un incremento del 11% en dos años.
La prisionalización preventiva se convirtió en una práctica frecuente del Poder Judicial. Su extensión es una de las propuestas principales que surgen de un núcleo activo de legisladores del Frente Progresista. Actualmente, 8 de cada 10 personas privadas de libertad en dependencias policiales se encuentran encerradas en forma preventiva, cifras que contradicen los mitos de puertas giratorias y liviandad de la Justicia.
Colapso carcelario
En marzo de 2014, el Servicio de la Defensa Penal había advertido sobre el colapso del sistema carcelario provincial, al que definió como un “callejón sin salida”. En una audiencia pública, Ganón junto con el defensor regional Sebastián Amadeo, denunciaron los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que son sometidos ciertos detenidos. “Una tortura por parte del Estado”, sintetizó aquella vez Amadeo, que fundó un hábeas corpus colectivo y correctivo.
Algunas de las condiciones que padecen los presos fueron detalladas por los denunciantes: casos de superpoblación, condiciones eléctricas precarias que produjeron muertes, problemas con la cantidad, calidad y frecuencia de la alimentación, falta de servicios médicos, discriminación en el acceso a la educación y al trabajo, y vigencia de técnicas represivas. Ya entonces hicieron hincapié en la necesidad de crear un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que funcionara de forma independiente y autónoma.
La situación carcelaria, la falta de controles y prevención contra las violaciones de derechos humanos se contraponen a las propuestas de mayor endurecimiento de penas y rigor en la aplicación de justicia. El debate público es centralizado por la necesidad de medidas disciplinares y el intento por generar un consenso manodurista: “Si uno analiza los resultados en las elecciones provinciales y nacionales tampoco hay un consenso unánime respecto de la mano dura. Creo que es uno de los temas donde más controversia hay. Sí hay sectores que promueven esas políticas y otros que no. Incluso, en las encuestas de victimización el tema aparece con un núcleo muy duro del 16%, que sube a veces unos puntos, cuando hay hechos de mucha trascendencia, pero también hay sectores muy comprometidos con otro tipo de abordaje y de política. Es importante marcarlo porque si no terminamos creyendo nosotros mismos que hay consenso sobre estos temas”, considera Enrique Font -docente y vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.
El recurso del rigor es una respuesta rápida y efectiva, con alta repercusión mediática. Mayor persecución y encarcelamientos parecen transformarse en las soluciones principales para todos los problemas de seguridad. “Cualquier política que tienda a agravar la lógica clasista y racista del sistema penal va a traer más problema que beneficios. Si las cárceles se siguen llenando de varones jóvenes de sectores populares y su suerte está librada a que ocurra lo que sea en estos espacios sin ningún tipo de control, se van a agravar las situaciones que se quieren abordar. Las políticas de mano dura que expresa Enrico -el senador provincial por la UCR- son falacias, porque están planteadas sin ningún soporte empírico. Además, sabemos que son contraproducentes, por lo cual hablar en nombre de la seguridad es más bien una manipulación, porque no va a generar mayor seguridad, sino un costo gigantesco en vidas y en violaciones de derechos humanos, sobretodo en jóvenes de sectores populares. Y con la persecución de las micro organizaciones de menudeo, están empezando a aparecer en prisión números cada vez más significativos de mujeres jóvenes de los sectores populares. Esto es lo que producen esas políticas, que se alejan de cualquier abordaje democrático de la seguridad”, aclara Font.
