El último viernes, el ministro de Economía Sergio Massa presentó el balance final del programa de fortalecimiento de las exportaciones, más conocido como dólar soja. Fue la exhibición de una medida exitosa en un marco donde abundan incertezas y vacilaciones. Esta semana llegarán nuevos anuncios con el objetivo puesto en promover las actividades productivas para llegar al 2023 con las reservas suficientes como para avanzar en una estabilización.
Con récord histórico de liquidación, se superaron los 8 mil millones de dólares y se demostró la capacidad del sector agroexportador para alinear incentivos y fortalecer las condiciones macroeconómicas. Con el tipo de cambio transitorio, alrededor de 44 mil productores y empresas comercializaron más de 13 millones de toneladas. Hasta el momento del anuncio, al Banco Central habían ingresado 7.646 millones de dólares.
El resultado positivo de la medida se acentúa por el contexto. En una ocasión anterior vimos los costos monetarios y productivos a partir de la mayor emisión y la necesidad de incrementar la deuda cuasifiscal para paliar los efectos inflacionarios en un contexto signado por la postergación de los planes de siembra y la modificación del escenario de campaña. Pero el objetivo principal era más específico: incrementar la acumulación de reservas.
A la vez, el panorama al corto plazo se despejó con el freno a la ley de humedales. La propuesta era demasiada inexacta como para evitar la oposición de las organizaciones y actores productivos, desde el INTA hasta las cámaras mineras. Los representantes de las provincias pidieron un impasse a una decisión más cargada de retóricas que de precisiones técnicas.
El momento es oportuno para formular algunas preguntas en torno al horizonte de la producción nacional. Qué, cómo, cuánto y para vender a dónde, son algunos de los interrogantes que integran esa lista de discusiones implícitas en los temas que ganaron la centralidad del debate público las últimas semanas.
El fundamento de la estabilidad
La estabilidad macroeconómica brinda los fundamentos de cualquier proceso de crecimiento económico con instituciones monetarias sólidas, políticas sostenibles para brindar previsibilidad a los agentes económicos, y reglas fiscales con legitimidad política y aceptación social que permitan adaptación a las fluctuaciones del ciclo económico. El régimen cambiario debe asegurar la competitividad de la producción local a través de la dinámica del comercio exterior permitiendo aumentar las ventas externas y abastecer las necesidades domésticas.
Las políticas de productividad interactúan con las de inclusión social, la conservación de los patrimonios naturales y la optimización de las capacidades estatales. Desde la protección social, el desarrollo urbano y la inclusión financiera, hasta la digitalización, la transición energética y la gestión pública de los datos, se deben alinear con los objetivos de productividad.
Pero estas políticas transversales necesitan de un sistema financiero vigoroso y accesible para las pymes, regulaciones de promoción del empleo y la integración regional como plataforma para la inserción internacional. Las políticas ambientales son caras y es necesario contar con capacidad fiscal para financiarlas sin depender de préstamos externos.
La alta inflación, los saltos devaluatorios periódicos y las crisis financieras implican una configuración económica basada en la desconfianza y la imprevisibilidad. La volatilidad profundiza los déficits estatales y expresa la minusvalía de las finanzas públicas para orientar las políticas hacia el incremento de riqueza, el aumento de capacidades, una mejor distribución y la transición hacia un menor impacto ambiental. Sin estabilidad macro es imposible focalizar y hacer eficientes las políticas micro.
Las alianzas por el futuro
La Argentina se debate entre la continuidad de modelos insuficientes para el desarrollo económico y social, o la implementación de una estrategia basada en sus recursos y capacidades diferenciales. En los últimos años, los sistemas productivos locales adquirieron mayor relevancia a partir de una serie de acontecimientos geopolíticos que impactaron sobre las cadenas de valor globales y sobre el mercado internacional de materias primas y la producción agroindustrial.
En el actual contexto global, la convergencia del factor biológico con otras tecnologías revaloriza los recursos biomásicos, la calidad de los recursos humanos y la trayectoria de un sector altamente competitivo. Al mismo tiempo, la evolución tecnológica modificó los procesos de producción y gestión, solapando las etapas de la economía de tangibles e intangibles.
El nuevo conocimiento alcanzado y la integración de los mercados nacionales favorecen un aumento en los intercambios y transacciones con diversos desenlaces hacia el interior de los territorios y las poblaciones. Durante 2021, Argentina despachó productos del sector biotecnológico por el valor de 1.449 millones de dólares, una suba del 17,4 por ciento interanual. En este contexto, la biotecnología puede ser un vector de desarrollo capaz de agregar valor a la producción a partir de la industrialización de la base biológica.
Actualmente, el liderazgo productivo ya no está en manos de los países sino de las empresas. La sinergia entre el poder público y el privado empuja las barreras de lo posible y configura un escenario propicio para el desarrollo de habilidades acordes a los estándares ambientales, sanitarios, comerciales, de seguridad, laborales y del mercado mundial. La generación, acumulación y difusión de conocimientos es un foco de dinamismo para generar encadenamientos virtuosos entre actores de un entramado productivo de mayor complejidad socioterritorial.
Fuente: Suma Política
