“La quita de descuentos a medicamentos que realizó PAMI, sin dudas, afectará a los jubilados de menores recursos, ya que se trataba de un beneficio para aquellos que perciben ingresos equivalentes a 4.900 pesos”, aseguró el diputado provincial del socialismo, Joaquín Blanco.
“Si bien esta medida fue anunciada por las autoridades de PAMI como un plan de orden y transparencia en su sistema de medicamentos, en el marco de conocer y desmontar una importante cantidad de irregularidades que llevaron a malgastar los recursos de la entidad, entendemos que deberían arbitrarse otros medi
os, de manera menos abrupta, y con mayor comprensión de la situación de los afiliados”, precisó Blanco.
os, de manera menos abrupta, y con mayor comprensión de la situación de los afiliados”, precisó Blanco.En este sentido, el legislado aseguró que “desde que se conoció la noticia, supimos acerca de la angustia que les
generó a muchos jubilados, estén o no atravesando una enfermedad”.
generó a muchos jubilados, estén o no atravesando una enfermedad”.
“Por eso –prosiguió-, en lo inmediato, solicitaremos que se evalúe la realidad de los afectados, caso por caso, y se establezca el modo de canalizar sus necesidades farmacológicas, resguardando el derecho primordial a la salud”.
Por otras parte, el legislador del Frente Progresista, recordó “importante destacar que celebramos y acompañamos las denuncias que las nuevas autoridades realizaron respecto a los manejos corruptos sobre los millonarios fondos de la obra social, como el uso de nombres de afiliados muertos para vender medicamentos”.
En esta línea, indicó que “hay que revisar a fondo el contrato base que tiene PAMI con los proveedores farmacéuticos, que permite a unas pocas cámaras de laboratorios disponer en relación a la distribución de los medicamentos”.
“Trabajaremos junto a nuestros legisladores nacionales, en reformas a la Ley de creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), proponiendo un sistema único de salud, donde el Estado tenga mayor incidencia, competencias y responsabilidades más claras y transparentes en la contratación de servicios, la compra de medicamentos y en la cadena de comercialización de los fármacos (a través de regulaciones más severas); además de mayor poder para controlar efectivamente la atención que reciben los beneficiarios que viven en la provincia, y a los prestadores”, manifestó Blanco.
Finalmente, explicó que “la cobertura de PAMI alcanza a más de 5 millones de personas, la mayoría de ellas son las más afectadas por los aumentos que la inflación provoca en los precios de servicios y productos básicos de la canasta familiar, deteriorando indefectible la calidad de vida de las afiliados. Tenemos que defender los derechos e intereses de las personas mayores y decir basta de restricciones al bolsillo de los jubilados”, enfatizó Blanco.
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