El joven condenado por el crimen de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada en mayo del 2015 en Rufino y cuyo femicidio dio origen al movimiento «Ni Una Menos», recibió una rebaja de la pena, decisión que a la madre de la víctima le provocó «mucha angustia» y «desilusión» de la Justicia.
Los jueces Guillermo Llaudet, Georgina Depetris y Javier Beltramone establecieron que Manuel Ignacio Mansilla Gallegos cumpla la pena de 15 años en vez de los 21 y 6 meses que le había dado el fuero de menores, al cumplimentar la orden de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe que había considerado que el fallo de primera instancia se había «apartado de los principios específicos vigentes en el derecho penal juvenil».
El fallo de la Corte santafesina de febrero del año pasado hizo hincapié en la condición de menor de Mansilla al momento del hecho y consideró que debe aplicarse la ley penal juvenil, que prevé que para los casos de reclusión perpetua – como le habría cabido a Mansilla si hubiese sido mayor-, debe reducirse la sanción si se trata de un menor.
La noticia se conoció por una publicación en Twitter de Verónica Camargo, la madre de la menor asesinada:
Verónica Camargo dijo que analiza realizar una presentación en la Corte Suprema de la Nación o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«Hay antecedentes de otros fallos para poder dar una mayor sentencia ¿por qué si antes se pudo, ahora no?», se preguntó la mujer, quien expresó tener «una mezcla de sensaciones».
«Para el sistema judicial, la vida de Chiara y su bebé, sólo valen 15 años de prisión para Manuel Mansilla, quién los asesinó brutalmente», había tuiteado luego de recibir el fallo que le «provoca mucha angustia, desilusión ya que no tienen en cuenta para nada los derechos de Chiari».
La mujer tildó a los jueces de «inútiles, traicioneros, cómplices, salvajes, corrompidos por el Mal», tras haberle reducido «la pena al asesino a sangre fría de dos inocentes e indefensos».
«Es una mezcla de sensaciones, agradezco a tanta gente que suma el apoyo desde pequeños espacios como seguir firmando en la plataforma Change.org o que cada uno desde su lugar reclame o repudie este fallo. Necesitamos un cambio desde lo judicial y lo legislativo para que no queden baches que beneficien a los asesinos, ahora necesito procesar esto para volver a salir tranquila con los mensajes de paz, más allá del reclamo de justicia», resaltó.
En diciembre de 2021, la Suprema Corte de Santa Fe anuló el fallo que había dictado en 2016 el juez de Menores, Adrián Godoy, (y ratificado por la Cámara Penal de Rosario), que encontró al joven «penalmente responsable» del femicidio.
Además, la Corte ordenó que se lo juzgue nuevamente por un Tribunal de Justicia de Menores bajo la carátula «tentativa de homicidio», con una condena potencial de 10 a 15 años.
Verónica dijo que 1 de marzo se realizó la audiencia ante el Tribunal de Menores en la que ella dio sus motivos para que no le rebajaran la pena al condenado y donde «fue muy duro escuchar a la abogada defensora hablando de las virtudes de Mansilla, que es buen estudiante y trabajador».
«Un niño no actúa con la frialdad que tuvo después de asesinar a Chiara; me llamó por teléfono y estuve con él cuando fui a hacer la denuncia a la comisaría después de cometer un crimen tan horroroso», recordó.
El fallo del máximo tribunal santafesino había sido consecuencia de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensora General de Menores, Gabriela Del Castillo, quien cuestionó la confirmación de la condena a Mansilla por parte de la Cámara Penal de Rosario.
El 2 de marzo de 2018 el tribunal de alzada ratificó la sentencia de primera instancia firmada por el juez Javier Prado, quien le dictó una pena 21 años y 6 meses de prisión luego de que en 2016 el juez de Menores, Adrián Godoy, encontró al joven «penalmente responsable» del femicidio de Chiara.
En sus argumentos, los jueces de la Corte santafesina indicaron que si bien la Cámara no estaba «obligada» sino «facultada» a aplicar el artículo 4 de la ley 22.278, optó por una alternativa mediante la cual «se apartó de los principios específicos vigentes en el derecho penal juvenil y del de legalidad -al efectuar una integración normativa en perjuicio del imputado-, lo cual la torna descalificable desde la óptica constitucional, debiendo ser anulada».
El caso
Chiara desapareció la madrugada del 10 de mayo de 2015 en Rufino luego de salir con un grupo de amigas y decirles que iba a encontrarse con su novio, Mansilla, que entonces tenía 17 años.
Ese domingo la familia denunció que la adolescente no había regresado a su casa y la Policía rastrilló el pueblo junto a los vecinos para encontrarla.
El cuerpo apareció horas después enterrado en el patio de la casa familiar de Mansilla quien, según la Justicia, la mató a golpes.
La autopsia determinó que Chiara había tomado un antiinflamatorio utilizado para abortar, pues cursaba un embarazo de ocho semanas que su madre había aceptado, pero que la familia de su novio no quería que continuara.
La sentencia del juez Prado sostuvo que Mansilla «mató a Páez despreciando su condición de mujer y conociendo su embarazo» y agregó que «no mostró un sincero arrepentimiento».
El femicidio de Chiara generó tal conmoción nacional que el 3 de junio de 2015 se llevó a cabo la primera marcha del «Ni Una Menos» contra la violencia de género que tuvo su epicentro frente al Congreso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se reunieron unas 300.000 personas.
También hubo movilizaciones simultáneas en casi cien ciudades de todo el país luego de que la convocatoria tuviera una amplia difusión por las redes sociales y medios de comunicación, y contara con la adhesión de distintas organizaciones feministas y sociales, además de figuras públicas como artistas, deportistas, periodistas y dirigentes políticos.
