El diputado Darío Mascioli participó de la conformación del Consejo de Seguridad del Nodo 5 y en el marco de ese nuevo instrumento que permitirá diagramar estrategias conjuntas entre las distintas localidades que conforman el Nodo, el legislador planteó la necesidad que junto con representantes de los ciudadanos a través de sus Juntas de Seguridad, el poder político, los legisladores y la policía, también se integren los representantes del Poder Judicial.
“Podemos trabajar y programar estrategias preventivas en materia de seguridad, pero cuando ya se cometió el delito resulta necesario que desde el Poder Judicial se responda de acuerdo a las expectativas que tiene la sociedad y que están relacionadas con el concepto de orden que nos muestra como tal. Hacemos leyes que nos permiten mantener un orden social y si hay quienes los infringen es el poder judicial el que debe aplicar la pena pertinente para que ese sujeto infractor no vuelva a transgredir las leyes y la sociedad se sienta cuidada y contenida por un Estado que actúa con la firmeza necesaria cuando las circunstancias así lo requieren”, expresó el presidente del Bloque.
“ Desde nuestro cargo legislativo hemos entendido muy bien el reclamo que nos hace la gente y por eso hemos propuesto modificaciones al Código Penal, analizadas incluso con mismos actores del Poder Judicial que nos marcaban algunas dificultades, pero mientras transitamos esa instancia donde hay que vencer barreras ideológicas y hasta partidarias, entendemos que fiscales y jueces tienen las herramientas que les permiten actuar en el marco de la ley y satisfacer las demandas de la comunidad que es en definitiva a quienes se deben. No hay delito menor, es tan grave para el comerciante que el roban, para la señora a la que el arrebatan la cartera y la arrojan a la calle como para el que le invaden la casa para robarle sus pertenencias, las consecuencias sociales son las mismas”, planteó Mascioli.
“ Desde mi perspectiva, el Poder Judicial sí tiene que ver con la seguridad, un delito que no se investiga, un juicio que se demora, un sospechoso que esta en la calle a las pocas horas de ser detenido e identificado por las víctimas, genera un doble discurso: desaliento y desconfianza de quienes sufren las consecuencias de la inseguridad y sensación de impunidad para quienes infringen la ley. Y allí es cuando el Estado a través de su poderes debe actuar en forma ejemplar, y no hablamos de “caza de brujas” o de “perejiles” , hablamos de hechos concretos, realizados por personas identificadas y reincidentes, donde la lasitud o mano blanda de quienes deben aplicar la ley, generan resultados que alteran la paz social y lamentablemente tenemos varios ejemplos que trascienden con periodicidad y que nos llevan entonces a invitar al Poder judicial que este camino de cambio iniciado con la reforma penal, empiece con la reforma actitudinal”, exhortó el legislador.