La baja de la edad de imputabilidad es un tema que en estos días tomó relevancia ante la aparición de hechos de violencia extrema protagonizados por menores. Al respecto, el juez penal Mauricio Clavero realiza algunas aclaraciones y reflexiona sobre la necesidad de un debate responsable:
«La discusión sobre la edad de imputabilidad penal no es un tema nuevo, pero sí uno que reaparece cada vez que un delito grave involucra a un menor de 16 años. Y aunque algunos sectores insisten en que cualquier intento de reforma responde a ‘oportunismos electorales’, lo cierto es que evitar el debate también es una forma de irresponsabilidad política.
La sociedad argentina enfrenta un fenómeno que ya no puede ser explicado con categorías de hace cuarenta años. Las redes criminales reclutan adolescentes cada vez más jóvenes, aprovechando un vacío legal que los deja en una zona de no‑responsabilidad.
Las víctimas, por su parte, quedan atrapadas en un sistema que no les ofrece respuestas claras cuando el autor del hecho es menor de 16 años. Y los propios adolescentes, lejos de ser protegidos, terminan expuestos a dinámicas delictivas que los utilizan como piezas descartables.
La ciencia no es excusa para la inacción.
Se suele invocar a las neurociencias para justificar la idea de que los menores no deben responder penalmente, pero esa lectura es incompleta.
La evidencia científica muestra que los adolescentes comprenden la ilicitud de sus actos, aunque su control inhibitorio esté en desarrollo.
Precisamente por eso, la intervención temprana es más eficaz que la tardía.
No actuar hasta los 16 años no es proteger; es llegar tarde.
Los derechos humanos no impiden la responsabilidad penal juvenil.
La Convención sobre los Derechos del Niño no prohíbe establecer edades de imputabilidad menores a las vigentes en Argentina.
Lo que exige es un sistema especializado, con garantías reforzadas, medidas socioeducativas y privación de libertad como último recurso.
La sociedad pide respuestas. La política las esta proporcionando. Es necesario el cambio.
La opinión pública no reclama mano dura, reclama coherencia institucional. Reclama que un homicidio, un abuso sexual gravemente ultrajante o un robo agravado con arma de fuego no queden sin un marco de responsabilidad porque el autor tiene 14 o 15 años.
Reclama que el Estado intervenga con firmeza, pero también con inteligencia, con equipos interdisciplinarios, con seguimiento real y con medidas que apunten a la reinserción.
Un debate serio no es evitar la discusión, sino asumirla. Tampoco lo es la crítica por la crítica misma. Es necesario efectuar aportes; aún en extremo pensamiento. Todo sirve.
Quienes sostienen que hablar de imputabilidad es caer en “electoralismo” olvidan que la peor forma de oportunismo es usar la ciencia o las causales socieconomicas como excusa para no cambiar nada.
Un debate serio implica reconocer que el sistema actual no funciona.
Implica aceptar que la impunidad estructural también vulnera derechos.
Implica construir un régimen juvenil moderno y eficaz, que proteja a la sociedad sin abandonar a los adolescentes a su suerte.
No sirve el abolicionismo, es necesario encontrar puntos de encuentro con la voluntad del pueblo.
Argentina necesita una discusión madura, sin consignas fáciles ni miedos paralizantes.
Porque cuando un menor comete un delito grave, el Estado no puede mirar para otro lado.
Y porque la verdadera protección —para todos— empieza cuando dejamos de negar la realidad y nos animamos a transformarla».
