(PR- Norma Migueles) La semana pasada, las autoridades judiciales de la Tercera Circunscripción, sumando sus voces a la del senador Lisandro Enrico, coincidieron en un fuerte reclamo por el estado edilicio de la Alcaldía Departamental emplazada en Melincué, que atenta no sólo contra los derechos humanos de los reclusos, sino también del personal policial y en definitiva contra la seguridad de la población.
Por otra parte, la situación comprobada in situ por los magistrados los lleva a evaluar la posibilidad de acotar el dictado de las prisiones preventivas.
Al respecto el juez de Cámara Penal, Tomás Orso, indicó que tras la recepción de varios pedidos de hábeas corpus presentados por las defensas de detenidos respecto a las falencias del edificio y compromisos incumplidos del Estado de mejorar la situación, la Cámara en pleno decidió hacer una inspección y allí comprobaron que la situación “era mucho peor” que lo que pensaban, ya que la actual capacidad es de 50 internos y hay aproximadamente 120.
“La mitad de los internos duerme en el piso, hay habitaciones de 8 metros cuadrados con 16 personas, nueve baños para todos los detenidos. Las instalaciones de luz y agua son precarias y la cuestión alimentaria es tan precaria que el presupuesto previsto es de 20 pesos por detenido”, resumió Orso.
En este marco, el magistrado adelantó que “a raíz de este panorama iniciamos una serie de presentaciones interinstitucionales, primero ante un ministro de la Suprema Corte de la Provincia, ante quien presentamos actas y fotografías y luego con presentación formal ante el organismo, como así también ante el Ejecutivo y esta semana nos reuniremos con legisladores de distintos partidos para que se tome conciencia de que la de situación es gravísima y que, si bien la construcción de edificios corresponde a otro poder del Estado, no podemos permanecer impávidos”, alegó.
Por otra parte, consideró que “de no resolverse en el corto plazo, tendremos que empezar a evaluar la aplicación de la prisión preventiva”, recordando que no solo se trata de los derechos y salud de los detenidos, sino también que la mayoría de ellos aún no han sido juzgados y podrían ser inocentes.
El camarista admitió que la situación edilicia es “tan precaria que los presos no se van porque no quieren”. Advirtiendo luego: “Esta alcaldía está enclavada en el medio de la localidad, a metros de la escuela y del centro policial. Por eso fue lamentable que la iniciativa, que había surgido años atrás de hacer una nueva, no se siguiera. De hecho, ya no tendríamos que hablar de alcaidía sino de unidad penal, porque esta circunscripción ya abarca más de 200 mil personas, con cuatro ciudades”.
Decisión urgente
Orso reconoció que “esto requiere una decisión urgente y nos hemos enterado que este tema no está en el presupuesto de 2022, parece que el sur está olvidado por la Provincia. La cantidad de personas privadas de la libertad crece porque también el nuevo sistema acelera la resolución de las causas y se duplicó el número de detenidos, pero no ocurrió lo mismo con las plazas en las cárceles”, indicó.
En la misma línea de reclamo, el magistrado consideró que “somos la Circunscripción que en peores condiciones tiene a los detenidos y estaría tentado a comparar su situación con la de los campos de concentración, es una realidad muy triste la que se ve y como jueces no podemos quedar con los brazos cruzados. Avisamos, proponemos, sugerimos acciones y en caso de no tener respuesta tendremos que empezar a revisar prisiones preventivas. Espero que no lleguemos mucho más adelante porque nos estamos arriesgando a tener sanciones internacionales si alguien llevara su caso a ese nivel y las sanciones no sólo serían para Argentina sino también para la Provincia”.
