Desde la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) confirmaron a Venado24 que la primera audiencia del juicio oral y público por la causa de la megaestafa inmobiliaria se realizará el próximo 3 de mayo en la sala de los Tribunales de Venado Tuerto. Las partes ya fueron notificadas y al no existir ninguna recusación, la audiencia quedó firme.
Así se definió que los jueces: Leandro Martín, Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle, integrarán el tribunal pluripersonal que encabezarán el juicio. El fiscal acusador es Matías Merlo. En tanto, los imputados que enfrentarán el juicio oral son: el abogado Antonio Di Benedetto, signado como el cabecilla de banda; el gestor rosarino, Raúl Jaime y el comerciante venadense que habría oficiado como prestanombre, Marcelo J. Sava. Este último, fue el único que no había aceptado el juicio abreviado.
Por su parte, sorpresivamente, Joaquín Fraga ya no es más el abogado defensor de Di Benedetto y su lugar sería ocupado por Ángelo Rossini, reconocido profesional que integra el equipo que defiende al zar del juego clandestino, Leonardo Peiti.
Idas y vueltas de una causa turbulenta
Cabe recordar que en los primeros días de abril del año pasado el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Benjamín Révori había confirmado la sentencia convenida en procedimiento abreviado de Di Benedetto, Jaime; María de los Ángeles Sarría; Luis Restovich; Danisa Elisabet Pintos y a de Ángel Emilio Moreale.
Lo cierto es que posteriormente, el último el viernes 12 de noviembre, trascendió la decisión del tribunal rosarino integrado por los camaristas: Daniel Acosta, Carina Luratti y Alfredo Ivaldi, que declaró nulo el abreviado. Lo que implicó que los principales acusados (Di Benedetto y Jaime) deberán ir a un juicio oral y público. Distinta es la situación de Sava, quien decidió no acordar el procedimiento abreviado desde un principio y su caso pasó directamente al juicio oral.
Vale aclarar que fue el propio Di Benedetto, quien decidió apelar el acuerdo, por manifestarse en contra de la calificación legal atribuida (jefe de la asociación ilícita) y en ese momento, Merlo ya advertía de que se trataba de una estrategia “para dilatar su ingreso a prisión”. Además, es inaudito que el mismo imputado apele un acuerdo que había firmado previamente.
El caso
La historia comenzó en agosto del 2017, cuando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe denunció que detectó en el Registro General de la Propiedad una serie de operaciones inmobiliarias concretadas con documentos apócrifos con el presunto objetivo de quedarse con campos y propiedades ubicadas en: Venado Tuerto, San Eduardo, Maggiolo.
De hecho, fue el entonces subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Figueroa Escauriza, quien presentó personalmente las denuncias respectivas ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Así la investigación quedó en manos del entonces fiscal (hoy camarista) Juan Pablo Lavini Rosset (luego fue tomada por Matías Merlo) y un par de meses después sumó su primer sorprendente capítulo, cuando un humilde vecino venadense (ver su casa particular en foto) Luis Celio Restovich ofreció a la Justicia restituir tres campos para intentar zafar de la prisión.
Restovich en abril de 2016 había concretado la compra fraudulenta de tres campos que sumaban 460 hectáreas, valuados en ese momento en 130 millones de pesos, que pertenecían Luis Néstor Ferrari, fallecido en 2003. Éste último no tenía herederos directos, ya que su esposa había muerto un año antes y además no tenía hijos. De esta manera, la complicada sucesión provocó una importante disputa entre los hermanos y sobrinos del propietario.
Por supuesto, pronto se dilucidó que Restovich (hoy condenado a 4 años de prisión) era en realidad el prestanombre de una organización ilícita integrada entre otros por abogados y escribanos de la zona. La investigación comprobó que el cabecilla de dicha banda era el reconocido abogado penalista venadense, Antonio Di Benedetto.
Posteriormente, se comprobaron decenas de maniobras realizadas por una estructura cuyos integrantes cumplían distintos roles y tareas para apropiarse de manera ilegal de casas y campos de personas ya fallecidas o de avanzada edad que por su indefensión o vulnerabilidad no podía reclamar. Todo esto quedó asentado en escuchas telefónicas, donde consta que esta práctica se desarrolló de manera sistemática durante años.
La banda según detalla la causa, se apropió de 32 propiedades que suman una valuación cercana a los 1.000 millones de pesos.
