Cuando el oficial de turno fue a llevar la medicación de uno de los presos, se encontró con que faltaban cuatro reclusos. Eran las 10 de la mañana del domingo 10 de mayo. Los presos abrieron un hueco en la pared y se escaparon. Dos meses antes, desde la Unidad Regional VIII de Melincue habían enviado una nota informando la falta de recursos y la imposibilidad de garantizar la custodia de los internos. Un anticipo que revela antes el estado de abandono y falta de controles que rige en las cárceles, más que el carácter de clarividencia de las advertencias firmadas por el sub-jefe de la unidad, Carlos Tho Bokholt.
“Es inaceptable lo que ocurrió. Dos meses antes, el jefe de la unidad había enviado una nota, entre ellas a mí, anoticiándome de que no estaban dadas las condiciones en los lugares bajo su jurisdicción para que haya personas alojadas dadas las características de los detenidos. Y dada la gravedad institucional de lo que estaba informando, yo elevé esa nota a distintas autoridades de la Provincia”, dice el Fiscal Regional Alejandro Sinópolis en diálogo con el programa Dos en la Ciudad.
Ante la creciente ola de reclamos por los hechos de inseguridad y los pedidos reiterados de medidas de mayor endurecimiento, la fuga de los cuatro presos introduce un nuevo elemento que expone la situación carcelaria de la provincia. Las líneas de complicidad policial, la ausencia de seguimiento y control político, el anacronismo institucional y la parcialidad en el funcionamiento de la justicia entran en tensión con un caso sorprendente: a pesar de los avisos y las denuncias, es poco lo que el poder político interviene en materia carcelaria, donde reina la impunidad policial, los malos tratos, las pésimas condiciones de alojamiento, el sometimiento a condiciones degradantes de la población presa y los episodios de corrupción que desnudan toda la injusticia del sistema penal.
“Con lo que cuesta investigar y encontrar a estas personas, resulta que con las voces de alarma de un jefe de policía, se fugan por una pared de 15 centímetros”, comenta Sinópolis.
No se trata de puertas giratorias, sino de una turbia trama de complicidades entre bandas delictivas y carceleros, un negocio de la impunidad en el manejo de las fuerzas de seguridad que creció ante la impotencia-permisividad del poder político institucional. “Yo informé a todas las autoridades de rango provincial con competencia, a los presidentes de la cámara de Diputados y Senadores, al Ministro de Seguridad, al de Justicia. Ninguno me respondió.”, sintetiza el fiscal.
