Los militantes de la mano dura en General López y Venado Tuerto deberían hacer una autocrítica. Vecinos de a pie, instituciones y dirigentes políticos (legisladores) tanto del PJ como del FPCyS. Hugo Tognolli (ex jefe de la Policía de la provincia sospechado de complicidad con narcos de la región) era la persona a la que ellos querían otorgarle más poder, creyendo que de una policía más fuerte podría surgir una solución. Más poder para la policía aporta a agravar el problema, lejos de acercarnos a una solución.
Los que aseguran que la cuestión de seguridad se soluciona con más policías, más patrulleros, más cámaras de seguridad, menos derechos humanos (concebidos estos como “límites injustificados al accionar policial, a favor de los delincuentes”), leyes más duras y jueces que violenten las libertades y garantías constitucionales con el objeto de meter más gente adentro de las cárceles de la provincia; deberían reparar en el error en que los posiciona su mirada sesgada y pro-policial. Y el FPCyS debería hacerse cargo del desaguisado y jugarse contra la corporación policial. A los tibios los vomita Dios.
A la inoperancia del FPCyS, la complicidad de una parte del PJ
Lo sucedido en torno a Hugo Tognolli dejó en claro las dificultades que existen dentro de la fuerza policial de la provincia de Santa Fe, una estructura que es continuidad de aquella que operó durante el terrorismo de Estado y que se autogobernó durante más de 30 años en el territorio provincial. Alguien que supo ser del entorno más íntimo del ex gobernador Carlos Reutemann señaló hace años a este cronista un axioma que este repetía como una de sus claves: “Con la policía no hay que meterse”. Ese romance de Reutemann con la policía santafesina surgió precisamente del “dejar hacer, dejar pasar”. El caso de Clemente Arona en Venado Tuerto, asesinado por la policía santafesina es otro ejemplo de ello: quien conducía el vehículo que se llevó su vida (el policía Roberto José Mandelli) fue defendido en la causa por el Dr. Juan Alberto Vidal, quien no solo formaba parte del gabinete sino que era mano derecha (nunca izquierda) de Roberto Scott (ex intendente y suegro de José Freyre). Hoy Vidal reviste el cargo de secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Venado Tuerto. Juan Vidal fue funcionario de la dictadura militar desde el ‘76 hasta el ‘82. Como usted apreciará: todo cierra. Ese maridaje político-policial, junto a la falta de coraje del FPCyS para depurar la fuerza, generaron este monstruo que es, hoy por hoy, la policía santafesina. Con algo de razón, un dirigente del reutemismo venadense dijo a este medio: “Esto a Carranza y a Rosúa no le sucedía”. Cierto: muy probablemente su mayor conocimiento y proximidad con el paño policial los exceptuaría del escándalo en el que el socialismo ha quedado envuelto. Pero no es menos cierto que otras cuestiones no menos gravosas sucedieron bajo la lógica pro policial del reutemismo: 8 personas asesinadas por la policía de la provincia en Santa Fe en el marco de diciembre de 2001. Los responsables políticos de aquella masacre, aún están impunes. Y varios de ellos son legisladores nacionales. De hecho llegaron en 2009 a sus cargos con el apoyo del hoy nuevamente kirchnerista peronismo venadense.
Legislar y gobernar para el contestador de LT29
Los dirigentes de instituciones y políticos de General López (y de Venado Tuerto en particular) que reclaman insistentemente más poder para la policía (más efectivos, más atribuciones, más logística) y nunca una depuración de la fuerza, deberían reflexionar, y abandonar la misma perspectiva de análisis que muestran las doñas que escuchan a la mañana LT29. Ni más, ni menos. Esos apóstoles de la mano dura deberían reparar en que si no hay un fuerte control civil y una profunda depuración en la policía santafesina, el problema de la inseguridad y el narcotráfico se acentuarán con un poder policial más fuerte. Toda la producción legislativa que surge, vinculada a este tema, desde este sur reclama exclusivamente mano dura (de igual forma que los señores en la peluquería o en la verdulería). El proyecto de Darío Mascioli para federalizar pequeñas cusas de narcotráfico (y que apoyaran Enrico, Pullaro y Abello) va justo a contramano de la enseñanza que nos deja el narco-gate Tognolli: no es conveniente dar el control de las causas por narcotráfico a la policía de la provincia, porque esto legitima los negocios turbios de la fuerza de seguridad provincial. Lo sucedido en provincia de Buenos Aires debe servir de enseñanza. Y el reclamo debería dirigirse a solicitarle al poder central el afincamiento de los tribunales federales en Venado Tuerto, y un mayor compromiso de las fuerzas de seguridad federales.
Otro tanto sucede con el proyecto del senador Lisandro Enrico (apoyado por el Centro Comercial e Industrial de Venado Tuerto, por el diputado Darío Mascioli y por el intendente Freyre) de limitar excarcelaciones y aplicar a mansalva la prisión preventiva con criterios de ‘peligrosidad’ (la misma determinada por la cantidad de procesos y detenciones de los ciudadanos) pone en manos de esta policía (que es la que realiza la prevención y persecución cotidiana de los delitos) la posibilidad de criminalizar a uno u otro ciudadano en base a esa actuación en la calle, dejándolos (dejándonos) a las puertas de una prisión preventiva por arbitrariedades de ‘la misma poli’ que comandaba Tognolli. Tamaño poder no puede quedar en manos de una policía que co participa en el narcotráfico y que comete crímenes que quedan impunes con el amparo de la política.
Un poroto para la hinchada
Como suele suceder, desde el entorno de José Freyre (intendente de Venado Tuerto) rápidamente sacaron del arcón de los recuerdos información que lo coloca a él del lado de los justos: se informa sobre la existencia de una ‘denuncia’ realizada hace tres años por cuestiones vinculadas a la connivencia de la policía con el delito. Pero esta denuncia lejos está de la realidad del romance permanente con que el intendente José Freyre se vincula con la corporación policial. Relación íntima que se trasluce tanto en las reuniones sobre seguridad de las que el intendente participa (donde no existen registros de discusión o planteo alguno, sino solo muestras de apoyo y camaradería) o en las cenas cerradas que periódicamente realizan autoridades municipales de Venado Tuerto en la ex quinta del personal VIGOR (la extinta cooperativa de seguro) sobre ruta nacional 33, a la que asisten los funcionarios policiales del más alto nivel regional, tanto de la santafesina como de gendarmería. Difícil creer que no se conociera mucho más.
Por Pablo Almena
