Javier Orlandi es socio gerente de Muebles Orlandi, la principal empresa de Elortondo, un pueblo de 7 mil habitantes del sur de Santa Fe. En la planta trabajan 120 operarios que fabrican muebles RTA (listos para armar) y son comercializados a nivel mayorista en todo el país. El padre de Javier, hace 40 años, fundó la empresa. “Nuestra pyme se aboca totalmente al mercado interno y ante semejante debacle del consumo, por efecto de la devaluación y caída del poder adquisitivo, actualmente con apenas el 30 por ciento de la capacidad de la planta me alcanza para cubrir el nivel de ventas”, explica Orlandi. Paradójicamente, la empresa recientemente se expandió como consecuencia de una fuerte inversión en una línea de producción de 50 metros con maquinaria importada. “La decisión la tomamos en 2017, pero entre que se hizo el desarrollo de ingeniería, las máquinas se producen en el exterior, los tiempos de entrega, la instalación, la puesta en marcha, el aprendizaje, recién estamos empezando. Pasa que cuando decidimos hacer esta inversión teníamos un atraso de 40 días en la entrega de productos, se nos acumulaban muchos pedidos. Ahora no hay trabajo”, agrega Orlandi.
“Hace seis meses que venimos teniendo la planta en marcha sólo por una responsabilidad de quienes dirigimos la empresa para con la comunidad. La situación se sostiene con achique de gastos, aportes propios de los socios y reducción importante de stock de materia prima”, cuenta. En relación a las importaciones, Orlandi dice que “en su momento nos afectó muchísimo. Pero hoy tampoco les sirve por una cuestión de consumo, porque no se lo venden a nadie”. Orlandi señala que “en el sector siempre se vendió a plazo. Hoy un cheque a 90 días te lo cambian al 80 por ciento anual. Eso genera una brutal descapitalización. Trabajamos para pagar sueldos, impuestos y la deuda en el exterior por la inversión. Aguantaremos hasta donde se pueda”. Otro punto de tensión es el tarifario. En Elortondo, la cooperativa del pueblo subió las tarifas de luz un 120 por ciento el año pasado y un 45 por ciento en 2018. (nota de Página/12)
