«Es una investigación incontrolada, los fiscales están haciendo lo que se les da la gana y nadie les pone coto», se quejó el abogado Juan Lewis luego de haber transcurrido todo el lunes en Santa Fe, reunido con los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez y la documentación secuestrada de manera irregular el 26 de noviembre en la sede Rosario del Ministerio de Seguridad. El letrado, que patrocina a los ex titulares de la Agencia de Control Policial Nadia Schujman y Diego Rodríguez, reveló entonces que «entre el montón de documentación secuestrada no se encontró ni una sola carpeta o perfil fuera de una #investigación oficial ni nada de ese espionaje que tanto se ventiló en los medios».
Lewis y el abogado Hernán Martínez acudieron al llamado de Fiscalía de Santa Fe para que examinen como defensores la copiosa cantidad de papeles que aquel viernes Hernández y Jiménez secuestraron sin orden judicial de los despachos de Seguridad, en la sede de Gobernación Rosario. Además de no haber encontrado nada del espionaje ilegal que los fiscales le endilgan haber realizado a Sain y equipo durante su gestión en el Ministerio, Lewis luego expuso su indignación por las irregularidades de este caso y el cercenamiento de derechos que implica para sus defendidos.
«El 30 de noviembre interpusimos escrito pidiendo el apartamiento de los fiscales y teniendo acceso a las actuaciones de esta causa contra mis defendidos. No se nos hizo lugar a nada de eso, dicen que está bajo resolución. Llama la atención que sigan haciendo medidas que no son urgentes cuando está pendiente un pedido de apartamiento», dijo.
El material secuestrado era una pila voluminosa de cajas con papeles. «Ya en ese secuestro hubo varias irregularidades porque no se pidió autorización judicial para hacerlo, no se avisó al superior de la repartición. No había urgencia para hacerlo un viernes al mediodía y evitando convocar testigos, tal como los fiscales lo ordenaron, sin testigos. Se secuestraron efectos personales de muchas personas que están imputadas, celulares, computadoras, papeles personales, agendas, etc», protestó Lewis
La faena de examinar papeles duró desde la mañana hasta el atardecer. «No apareció ni una sola carpeta de las que se habló. Es raro, porque hubo medios, diputados, diciendo que se encontró de todo aquel 26 de noviembre, que había más de 1000 carpetas… y hoy vimos toda la documental y no había ninguna carpeta, ningún perfil hecho fuera de una investigación judicial».
Lewis incluso observó que algunas investigaciones decomisadas por los fiscales Hernández y Jiménez, y los auxiliares del O.I. del Ministerio Público de la Acusación datan de 2012. «Habla eso del amateurismo del Organismo de Investigación acerca del material que secuestrará, y la indeterminación de los fiscales al hacer la medida: vayan y secuestren lo que les parezca. Entonces creemos que hay alguien que está diciendo cosas que no corresponde, porque no hubo en la medida del 26 de noviembre absolutamente nada de lo que se ventiló en los medios», dijo el abogado, ex ministro de Justicia en la gestión de Antonio Bonfatti.
Lo que hicieron los fiscales, según Lewis, fue «una excursión de pesca»: «En el derecho procesal se llama así cuando un fiscal empieza a investigar a personas sin saber qué buscar pero con el objetivo de encontrar algo. Quien debería evitar esta clase de investigaciones que cercenan derechos de una persona sin resultado alguno es un juez. Por eso mismo es que la ley establece que estas medidas los fiscales deben pedírselas a un juez», reprochó.
«Es una investigación incontrolada, los fiscales están haciendo lo que se les da la gana y nadie les pone coto», concluyó.
