(Rosario/12) El Ministerio Público Fiscal abrió ayer una causa penal que investigará al subsecretario de Coordinación Operativa del Ministerio de Seguridad, Diego Poretti; al ex jefe de Policía de la provincia, Hugo Tognoli y al juez de Instrucción Nº 1 de Santa Fe, Jorge Pegassano, por los supuestos delitos de «allanamiento ilegal» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público». La denuncia fue presentada ante el juez federal Francisco Miño por el fiscal Nº 2, Walter Rodríguez y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procurar), Félix Crous por lo que consideran una «connivencia en procedimientos irregulares» entre los imputados: Tognoli, Poretti y Pegassano. «Aquí radica la suma gravedad institucional del caso», dice el requerimiento de instrucción al que tuvo acceso Rosario/12. «Funcionarios provinciales de la más alta jerarquía han sido cómplices de violaciones a garantías constitucionales de carácter elemental, en lo que, inclusive, pareciera haber sido una práctica habitual en la Policía de Santa Fe».
El hecho ocurrió el 27 de junio de 2012, cuando efectivos de la Guardia de Infantería al mando del comisario Marcelo Bustamante -el cuarto imputado en la causa- allanaron una vivienda en Colastiné Norte, en presencia de Tognoli y Poretti, quienes actuaban por una supuesta orden de Pegassano para «dar con objetos mal habidos o armas de fuego que pudieran estar relacionados con investigaciones que lleva a cabo dicho magistrado». «Allí se procedió al secuestro de distintos aparatos electrónicos, una pistola de aire comprimido, dinero y un envoltorio de nylon conteniendo un polvo similar al clorhidrato de cocaína» y se detuvo a los dos ocupantes de la casa, de 44 y 41 años. «Cuando salíamos, los vecinos nos aplaudieron», comentó Poretti a Rosario/12. Y explicó que ese día participaron en el operativo entre 50 y 100 policías y se realizaron otros 25 allanamientos en el barrio. Una razzia.
El procedimiento antidroga -con los dos detenidos- pasó entonces al fuero federal, donde el fiscal Rodríguez descubrió que no «había orden de allanamiento fundada» ni «expediente», por lo que solicitó la nulidad. El 19 de diciembre de 2013, el juez Miño decretó la nulidad de la causa y sobreseyó a los dos imputados, que estuvieron presos 24 horas. ¿El argumento? Que no pueden utilizarse en una investigación penal pruebas obtenidas «con desconocimiento de garantías constitucionales, pues ello importa, además, una violación a las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio», dijo el juez.
El fiscal Rodríguez abrió entonces una investigación preliminar que puso bajo la lupa a Poretti, Tognoli y al juez Pegassano y llamó a declarar a uno de los detenidos, quien le explicó cómo operaba Tognoli. «Antes de ingresar a la vivienda y durante el registro no faltaron los insultos, las amenazas y las expresiones denigrantes y discriminatorias; todo lo cual puede describirse como una situación de absoluto hostigamiento», dice el dictamen fiscal. Y agrega: «Queda en claro que no existe ni ha existido orden de allanamiento alguna contra dicho inmueble, como así tampoco expediente, sumario, causa penal o constancia alguna que permitiera fundar una decisión jurisdiccional de tal magnitud e injerencia como lo es el allanamiento de una vivienda».
El Ministerio Público planteó que el rol de Poretti, Tognoli y Pegassano «debe ser objeto de una profunda investigación», aunque ya anticipó «una certeza»: «en el ejercicio de sus funciones y haciendo uso de sus cargos públicos se movieron en todo momento en los intersticios de la ilegalidad».
Poretti y Tognoli encabezaron «un procedimiento realizado en forma arbitraria», que «ha sido considerado nulo» por el juez Miño. Y «la intervención» del juez Pegassano «debe ser investigada» porque «ya sea por acción u omisión, habría tenido un rol trascendental en el desarrollo de un procedimiento policial irregular, o durante el intento de convalidar la ilícita tarea realizada por las fuerzas de seguridad». «No solo debe despejarse toda duda en relación con su participación en el hecho puntual, sino también, en los llamados ‘allanamientos masivos’ asentados en los libros de registros de la Policía de Santa Fe, y en los ‘arrestos’ ordenados vía telefónica sin la existencia de causa penal alguna, que podrían constituir casos sistemáticos de privación ilegítima de la libertad», agrega el dictamen.
Las pruebas de la causa «demuestran la connivencia en procedimientos irregulares» entre Tognoli, Poretti y el juez Pegassano. «Aquí radica la suma gravedad institucional del caso. Funcionarios provinciales de la más alta jerarquía han sido cómplices de violaciones a garantías constitucionales de carácter elemental, en lo que, inclusive, pareciera haber sido una práctica habitual en la Policía de la Provincia de Santa Fe.
