(PR/Pablo Salinas) En su discurso por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia de Venado Tuerto, la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Miriam Carabajal, hizo mención a la Ordenanza Nº 904/76, una de las normas que se impuso en el contexto del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
En esa disposición oficial, que lleva las firmas del coronel Luciano Saúl Domínguez, y los secretarios Héctor Pelosso (Obras Públicas), Fernando Jorge López Sauque (Bienestar Social), y Héctor Vargas (Gobierno), se autoriza al Ejecutivo municipal a tomar una serie de medidas restrictivas amparado en la ley nacional Nº 21260 y provincial Nº 7854.
En esencia, la Ordenanza Nº 904 establece que “el Departamento Ejecutivo Municipal podrá dar de baja por razones de seguridad, al personal de planta funcional de esta Municipalidad, permanente, transitorio o contratado, que en cualquier forma se encuentre vinculado a actividades subversivas o disociadoras, y a aquellos que en forma abierta, solapada o encubierta preconicen o fomenten dichas actividades”.
En el artículo 2º se marca que la norma tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1976, período en el que queda en suspenso “toda norma legal o disposición de cualquier naturaleza que se oponga a la presente ordenanza o que reconozca el pago de indemnizaciones de cualquier naturaleza”.
Por último, se fijaba que la Ordenanza 904/76, rubricada en el despacho de la Intendencia el 5 de mayo de 1976, tenía vigencia desde el 24 de marzo hasta el 31 de diciembre de ese año.
