Fabián Palo Oliver, diputado provincial de pertenencia radical, se opuso al pedido de suspensión del Defensor Público Gabriel Ganón, y el fiscal regional de Reconquista Eladio García. Fue el único representante de su bloque que rechazó el acuerdo entre el gobierno de Miguel Lifschitz y sectores del PJ, que logró su cometido llevando a cabo un golpe institucional que desplaza a una de las figuras más relevantes de la vida pública provincial y pone en jaque al ya cuestionable sistema de justicia. El accionar del senador provincial Lisandro Enrico sintetiza la serie de conciertos para correr a un costado a Ganón, cuyo trabajo permitió el acceso de los sectores vulnerables y maginados a la justicia, facilitó el desarrollo de causas ligadas a la violencia institucional, permitió la defensa de los derechos humanos y realizó relevamientos y denuncias permanentes de las violaciones cometidas por parte de las fuerzas de seguridad y las trampas e inequidades del funcionamiento judicial.
“El fundamento que hemos dado tiene que ver con cuestiones formales. La resolución 641 que reglamentó 1313 y 1314 que dispone que la Legislatura sea quien destituya o sancione a funcionarios judiciales, por vicios formales, en el caso de Ganón, no se formalizó la acusación por parte de Enrico, más allá que manifieste que su presentación excedía los 400 folios. Gramajo sí lo hizo con García. Se dio una sanción que no está establecida ni en la propia ley. Tampoco se garantizó un derecho fundamental que es el de la defensa. Las valoraciones que se hicieron fueron absolutamente subjetivas, pertenencia partidaria, ideológica, comportamiento en redes sociales. Los reproches en su modo de ejercer el rol, a nuestro modo de ver, son todo lo contrario, Ganón le dio voz a los que no tienen voz, la posibilidad de que los que no pueden pagar un abogado, que el tema penal es una industria, puedan tener una defensa”, dice Palo Oliver.
En cuanto al mal desempeño de sus funciones, se argüía la negación de Ganón a defender a policías. “Hay una serie de abogados que ejercen la defensoría pública. El consideró que algunos casos no deberían ser defendidos. La propia Jefatura de Policía tiene su cuerpo de abogados y pueden ser defendidos por otro profesional”, agrega.
La presión ejercida por el poder Ejecutivo y Corte Suprema de Justicia fue una mención constante desde el inicio del proceso y una de las explicaciones políticas sustanciales al desarrollo del mismo. Ganón enfrentó a la corporación política, judicial y policial, que salto en reacción promoviendo su apartamiento. “Yo no sufrí presiones, pero me consta que hubo un acuerdo. En la política hay dos caminos: enfrentar las corporaciones o pertenecer. Uno elige donde está. Acá cambiaron figuritas, un sector del oficialismo quería destituir a Ganón, y un senador del justicialismo, quería suspender a García. Para mí se cometió una terrible injusticia y entiendo que los dos funcionarios tienen un valor muy importante en la justicia santafecina, que creo que en algún momento les va a dar la razón”, explicita Palo Oliver.
