Una de las banderas del macrismo para insistir con su slogan de la “lluvia de inversiones” es la implementación del sistema de Participación Público Privada en la ejecución de obra pública, especialmente, construcción de autopistas, rutas seguras y acondicionamiento de caminos.
En este marco vale destacar que las principales constructoras que compiten por hacerse un lugar en el sistema son: Cartellone, Techint, Roggio, Sacde (ex Iecsa) y Panedile, entre otras.
Los grupos europeos para ingresar al proyecto macrista realizaron un intenso lobby para que haya un tratamiento impositivo diferencial. Concretamente, reclamaron (y el Gobierno accedió) que los contratos de PPP sean declarados de «interés nacional» y sean desgravados de IVA e Ingresos Brutos. Es decir, que tengan el mismo beneficio que las obras públicas tradicionales, exentas de ambos tributos.
En este sentido el delegado del peaje de ruta 33 en Venado Tuerto, Gustavo Rodríguez, opinó: “Como cualquier otro prestamista el Fondo Monetario lo que hace es asegurarse que puedas pagar. Esto de las PPP es tomar deuda encubierta, porque lo que hicieron para que se presenten las empresas es obligarlas a hacerlo con un banco como garante de dinero y en ese embrollo lo ponen al Estado como garantía, y cuando las empresas no respondan, saldrá el Estado como respaldo”.
En cuanto a la obra pública, el dirigente recordó que en los últimos días la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) salió a plantear que están en peligro 45 mil puestos de trabajo por los recortes y pago de vencimientos de deuda.
