En los últimos días tomó estado público la decisión del Gobierno nacional de realizar una nueva revisión del sistema de pensiones por discapacidad, en este caso apuntando a los menores de edad.
El ajuste sobre los más chicos se ejecutó el 25 de enero de este año, a través de un escrito en el que los directivos de la Agencia Nacional de Discapacidad comunicaron a sus trabajadores la nueva modalidad con la que deberán resolver los expedientes en tránsito. Allí se detalló que las liquidaciones a los menores deberán separarse, dar de baja el lote y girar a la oficina 32 para que los doctores analicen nuevamente cada caso. Esos expedientes “momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones”, pero mientras tanto a los menores que ya iniciaron el trámite no se les otorgarán más pensiones porque ellos “no tienen incapacidad laboral”.
En Venado Tuerto, la subsecretaria de Políticas Sociosanitarias de la Municipalidad, Silvia Ugolini, describió a PUEBLO Regional: “Las pensiones en Venado Tuerto las inicia una trabajadora social pasan a Rosario, de ahí van a varios departamentos oficiales, hasta llegar al departamento de liquidación. Son varios departamentos que atraviesan las pensiones hasta que se resuelve si es favorable o no el beneficio y pasa a liquidaciones para el cobro”.
Con la nueva disposición oficial todo este proceso se traba y en el medio quedan seres humanos de carne y hueso que requieren de este aporte estatal para tratar de sobrevivir.
“A partir de esta resolución se van a revisar todas esas pensiones, vuelven a foja cero, todas estas pensiones que ya estaban en el departamento liquidación. Son los trámites del último año, porque estas pensiones demoran cerca de un año para resolverse”, remarcó Ugolini.
Este duro revés afectaría, principalmente, a menores de 18 años que hasta esa edad cobran la pensión a través de un apoderado y cuando la superan se evalúa si pueden cobrar personalmente o siguen con algún responsable a cargo.
El nuevo trámite, según argumentan desde el organismo oficial, “es porque las personas menores de edad no pueden cumplimentar el requisito de incapacidad laboral, que recién pueden cumplimentar pasados los 18 años”, detalló la funcionaria y precisó que el grado de incapacidad debe ser superior al 75 por ciento.
El recorte llegó 11 meses después de que el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley intentara privar a 170 mil personas de estas prestaciones, aunque la Sala II de la Cámara Nacional de Seguridad Social obligó al Gobierno a restablecer ese beneficio en noviembre de 2017 por considerar que su quita “vulneraba derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana”.
