La primera jornada del cese de comercialización convocado por la Mesa de Enlace tuvo un acatamiento parcial y un resultado ambiguo. Con una entrada sostenida de camiones a los puertos, el mantenimiento de la actividad regular en el mercado de Liniers y las operaciones activas en la Bolsa de Comercio, la contundencia no fue la esperada por las entidades agropecuarias.
El debilitamiento de la medida de fuerza había comenzado con el alejamiento adoptado por los gremios de los trabajadores vinculados al sector, la Federación Agraria que dio libertad de acción a sus afiliados y la federación de cooperativas que se distanció de la decisión dirigencial.
PUEBLO Regional conversó con el periodista del programa De buena fuente que se emite por Radio Ciudad, además de ingeniero agrónomo y productor agropecuario del sudeste de Córdoba, Raúl Paulinovich, para conocer los detalles del impacto de la decisión que lleva al 33% las retenciones que el gobierno le cobra a aquellos que producen más de 1000 toneladas de soja al año.
Al respecto, Paulinovich explicó que las retenciones “son un impuesto porteñocéntrico, absolutamente unitario, y la segmentación es una manera de descentralizar el impuesto”. Además, señaló que al tener “una forma muy fácil de recaudar, con la segmentación se redistribuye proporcionalmente según la escala en distintos lugares del país”.
En ese sentido, Paulinovich describió el modo en que la medida gubernamental contribuye al blanqueamiento de la actividad granaria, dado que para poder cobrar el impuesto “tenés que estar inscripto en la AFIP, con número de IVA y de CUIT, además de estar registrado como productor agropecuario. Entonces, te autorizan a emitir carta de porte para transportar el cereal al destino que le des. Si no estás dentro de estos cánones o parte de tu producción la vendés por fuera, esa parte vendida en negro, te la van a pagar con el 33% de retenciones y vas a dejar de percibir entre un 5 y un 15 por ciento”.
La otra trampa es que aquel que quiera gozar de los beneficios de la bonificación, al blanquear su producción deberá pagar más impuestos a las ganancias y a los bienes personales, algo que muchos de los que hoy están cortando las rutas minimizan a través de la venta en negro.
En otro renglón, el productor especificó que actualmente “la distancia a los puertos por encima de los 350 kilómetros con el 33% pasa a ser de rentabilidad nula a negativa en función de la zona y los rendimientos. Por eso debe haber una compensación por el tema flete que no ha sido considerada y el reclamo de algunos sectores dialoguistas es correcto”.
Al destacar la importancia de la adopción de una política que tenga en cuenta las diferencias internas al interior del sector agroindustrial, Paulinovich analizó que “con la actitud adoptada por FAA, Coninagro, la federación de cooperativas y los trabajadores del sector, esta acción no se trata de un paro monolítico. Además, es un paro de los que se llaman de ‘día domingo’, porque hay pocos envíos a los puertos y la cosecha no empezó. Cuando comience la cosecha, probablemente no habrá paro porque va a haber una necesidad imperiosa de entregar para cumplir con compromisos y pagar deudas”.
Por otra parte, el profesional evaluó que existe una fuerte interna entre la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en relación con el control de la estructura mixta que es la empresa que rige los destinos de la carne, el Instituto de la Promoción de la Carne Argentino, cuyo presidente es Ulises Forte, un exdirigente de la Federación Agraria nombrado por el gobierno de Macri y que representa los intereses de un sector de la ganadería.
“Hoy la persona que se propone es un hombre de la SRA que tiene el visto bueno de Alberto Fernández. Dentro de esta huelga, esto también genera un interrogante sobre qué va a pasar”, afirmó Paulinovich, y aseguró: “Los productores pequeños y medianos se van a ver beneficiados. El tema a considerar es que ésta bonificación sea prolija, sistemática y permanente, y no se cometan los errores del 2014, cuando fue bastante irregular”.
Por último, el ingeniero subrayó que “el otro gran tema a discutir” es la rentabilidad por hectárea, dado que “un productor puede tener 300 hectáreas en el sur de Santa Fe, pero 100 están inundadas, igual paga el impuesto inmobiliario por las 300, porque solamente se lo descuentan cuando tiene más del 50% del campo anegado y eso también amerita ser revisado”. Por lo tanto, a la hora de la planificación de las políticas públicas, es necesario considerar que “la rentabilidad está en función de la calidad del suelo y las condiciones climáticas, y las retenciones son una herramienta de política económica estrictamente redistributivas”.
Por otra parte, indicó indispenable considerar que el productor «muchas veces tiene un crédito fiscal porque vende con un IVA del 10,5% y muchos de los serivcios tienen el 21% de IVA y esa diferencia queda a favor del Estado». Por esa razón, expresó que hay «un aporte no voluntario» y que ese dinero «debería retornar de alguna manera a los territorios y a los productores».
“La cantidad de hectáreas es relativa, porque depende de la productividad y eso tiene varios factores que indicen como las características del suelo, las lluvias del año, etc. El tema está en cobrar por tonelaje vendido en el año, ese planteo del gobierno es correcto. Esto afecta nada más que a 15 mil productores en la Argentina. Hoy hay 2500 productores que acaparan el 55% de la producción de soja en la Argentina, entre los que se lucen nombres como Brito, Eurnekian, Olmedo, Batistuta o Blaquier”, apuntó Paulinovich, y finalizó: “Este es un sistema redistributivo como nunca hubo desde el plan de Perón para transformar a los colonos y arrendatarios en propietarios. Muchos de los que hoy protestan son sus herederos. Este esquema segmentado federaliza los recursos y muchísimos productores van a ser beneficiados, pero esto tiene éxito en la medida en que la segmentación se transforme en una acreditación rápida y sistemática en cada una de las cuentas de los productores registrados y que venden en blanco”.
