(PR/Norma Migueles) Profesionales que trabajan en la promoción y la defensa de los derechos de las personas con Discapacidad se movilizan esta semana en todo el país bajo el lema «Basta de ajustes en discapacidad». Este martes a la tarde, en Venado Tuerto, más de un centenar de personas se concentró en la plaza San Martín y marcharon por las calles céntricas de la ciudad.
De hecho, no es la primera movilización de un sector que, al igual que sus pacientes, siente los efectos de la falta de atención y contención por parte del Estado, que está obligado a pagar honorarios, transporte, subsidios y otras asistencias a las personas con discapacidad.
Hoy, el reclamo apunta a demoras sistemáticas en el pago de honorarios por parte del Estado y de las obras sociales, falta de actualización de aranceles y precarización de espacios de trabajo que afecta la calidad de la atención que se brinda.
Las prestaciones fueron establecidas por la Ley 24.901, que ya tiene 25 años, y que conformó un nomenclador que fija un valor único para cada prestación. En consecuencia, las personas con discapacidad son atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales sin importar su situación económica mientras tengan una obra social, sea PAMI o cuenten con una pensión o prepaga.
Al respecto Gisella Muselli (foto principal), en calidad de portavoz de los concurrentes a la marcha -entre quienes se encontraban profesionales, transportistas, personas con discapacidad y familiares- indicó que se encuentran en una «situación límite» y que se acordó que esta semana, de lunes a miércoles, haya un paro de actividades en todo el país.
«Esta semana estamos promoviendo un cese de actividades en reclamo a la promoción y derechos de la discapacidad. Ya hemos realizado tiempo atrás otros reclamos por las múltiples precarizaciones de las prestaciones tanto para los pacientes como para los profesionales», señaló Muselli.
En la misma línea, agregó: «Desde diciembre estamos reclamando algún tipo de incremento, que aún no recibimos, y los aumentos anteriores fueron del 1 por ciento, lo que hace insostenible las terapias, porque además hay demoras en la transferencia desde el Ministerio de Salud a las obras sociales».
Más adelante, indicó que «esto genera un impacto negativo en este grupo que, como bien sabemos, necesita de una múltiple intervención de distintas profesionales, sean psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapistas y transportistas».
Por último, Muselli manifestó: «Nos parece que hay una cierta marginalidad en este tema y queremos que se visibilice. Durante seis meses lo pudimos sostener, a veces sólo con vocación, pero la realidad es que es nuestro trabajo y se hace difícil sostener un servicio sin cobrar y con la inflación que hay en este país».
