El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro anunció ayer que Miguel Lifschitz lo confirmó en su cargo -desde Nueva York‑, en el cierre de una jornada tensa en la Casa Gris, en la que anunció una denuncia penal para que se investigue la filtración de escuchas telefónicas que lo involucran, asumió su defensa pública y recibió el respaldo político del Frente Progresista. «Hablé con el gobernador por WhatsApp, me ratificó la confianza para seguir adelante con las políticas de seguridad y yo le ratifiqué mi compromiso para seguir trabajando de la misma manera que lo hicimos desde el primer día», dijo Pullaro. Lo acompañaban el ministro de Justicia, Ricardo Silverstein, y un puñado de legisladores de la UCR y el socialismo, entre ellos el ex vicegobernador Jorge Henn y el diputado Rubén Galassi.
Pullaro hizo catársis en una conferencia de prensa, un formato que se discutió entre el ministro de Gobierno, Pablo Farías -otro de los mencionados en las escuchas‑ y Silberstein. Eran las 13.30 cuando Silbertein subió a su despacho del segundo piso y escaleras arriba prometió que a la tarde habría una respuesta del gobierno. «Es un caso de gravedad institucional», le dijo a Rosario/12.
El argumento de la «gravedad institucional» lo repitió Pullaro, a quien el fiscal Roberto Apullán le inició una investigación penal, le pidió al juez competente el monitoreo de sus comunicaciones telefónicas y cuando estaba a punto de imputarlo y pedirle el juicio político, el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti lo sacó de la causa y lo reemplazó por el fiscal Ezequiel Hernández, que era su secretario en Rafaela. El otro imputado es el ex jefe de la Unidad Regional V de Rafaela Adrián Rodríguez, que estuvo detenido 48 horas hasta que Arietti ordenó su libertad.
En el arranque, Pullaro habló en tono de arenga política y al final aceptó cinco preguntas. En su discurso había puesto en tela de juicio el origen de las escuchas.
-‑¿Sabe quién es el juez que ordenó interceptar su teléfono? -le preguntó este diario.
–No- contestó Pullaro. Y ahí repitió que había presentado la denuncia penal y administrativa en el Ministerio Público de la Acusación porque «entiendo que hay irregularidades». «Quiero saber qué sucedió ‑siguió el ministro‑; primero, si la intervención de mi teléfono es legal; y si es legal, quiero saber ¿por qué? Porque puede ser irregular, una estafa procesal. Por eso pido que se investigue y rápidamente. Porque acá no sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es lo que nos informa el fiscal que hay dos escuchas (que prometió difundir). Que me expliquen dónde está el delito penal. El fiscal regional Arietti, que es el superior (de Apullán) ya dijo que no hay delito. Y al no haber delito no debería haber sucedido esta situación».
En una de las escuchas del 9 de octubre, cuando Apullán ordenó la detención de Rodríguez, Pullaro llamó al fiscal general Ricardo Baclini para preguntarle por qué el policía estaba preso. Recibió una respuesta por WhatsApp, a pesar de que el propio ministro ya era investigado por el fiscal.
-‑¿Es común que tenga esas charlas con Baclini y los fiscales? -le preguntó otro colega.
-‑Es común, total y absolutamente habitual tener este tipo de diálogos -admitió Pullaro. «La política pública de seguridad se basa en la interrelación de los tres poderes. Con Baclini hablo casi a diario, al menos semanalmente. Es totalmente normal. Si detienen al jefe de una Unidad Regional y eso tiene gravedad institucional, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Con quién voy a hablar si no tengo elementos para saber lo que pasaba? ¿Voy a hablar con el párroco del Ministerio?. Voy a hablar con Baclini y Arietti para que me den los elementos por qué habían detenido» a Rodríguez.
«No hay ningún tipo de delito penal. Y si es por esas escuchas que a mí se me intervino el teléfono, a otra persona se la detuvo 48 horas, se le allanó su casa y la Jefatura, se lo trajo como si fuera un delincuente. Lean la escucha, es un tono jocoso, en la transcripción dice: ‘Risas'». «No hay delito penal, no hay intercambio de nada (con Rodríguez). ¿Por qué interviene Arietti? Por la aberración jurídica que se estaba cometiendo de privar a una persona de su libertad y allanarle el domicilio».
-‑En las escuchas, usted dice que Arietti le había anticipado que las detenciones se iban a producir después de las elecciones. ¿Puede explicarlo?
-‑Absolutamente. Yo no tuve acceso a la causa, pero ahora sí lo voy a pedir -dijo Pullaro. (fuente Rosario/12, por Juan Carlos Tizziani)
