(PR/Norma Migueles) En una audiencia celebrada el pasado lunes en los Tribunales de Venado Tuerto, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, fueron imputados por tenencia de estupefacientes en el marco de la ley de microtráfico vigente. A solicitud del fiscal Iván Raposo, quien llevó adelante la investigación, el juez Adrián Godoy ordenó la prisión preventiva de las dos personas.
En ese marco, el fiscal recordó que al MPA había ingresado una denuncia del intendente Leonel Chiarella, el 29 de abril pasado, en la que había manifestado que los vecinos de ambas personas apuntaban a que en el domicilio de calle Pavón 568 «se vendía droga» y que el lugar oficiaba de «aguantadero».
A partir de la información recibida, se inició una investigación que permitió determinar que la casa en cuestión era usurpada desde hacía aproximadamente dos décadas y era punto de entrada y salida de personas relacionadas con el delito, tal es así que en la misma casa, tiempo antes, se había detenido a un sujeto involucrado en un hecho de robo calificado a una firma comercial local.
Cabe destacar que esta vivienda siempre se encuentra sujeta a distintos allanamientos y/o requisas y que es nombrada por distintas personas del barrio por hechos delictivos que afectan la tranquila convivencia.
En fecha 2 de octubre, en tanto, se procedió a efectuar un allanamiento en el domicilio mencionado, donde se secuestraron diversos elementos: cocaína, balanza de precisión, recortes de nylon, celulares y dinero, entre otros.
El lunes, Raposo imputó a los dos detenidos y solicitó la prisión preventiva, mientras se continúa con la investigación.
Los efectos de la ley
Al respecto, Iván Raposo, a cargo de la Unidad de Microtráfico, informó que desde la puesta en vigencia de la ley en diciembre de 2023 hubo cuarenta personas investigadas por este delito, de las cuales, nueve ya fueron condenadas y las 31 restantes están en prisión preventiva.
«La importancia de esta ley radica en que nos habilita a desbaratar el sistema de comercialización y distribución de estupefacientes por menudeo o delivery; en la mayoría de los casos utilizan como base los barrios más vulnerables, afectando su desarrollo, convivencia y, lo que es más grave, captando a jóvenes y niños para realizar las ventas», aseguró Raposo.
En ese sentido, remarcó que «en Venado Tuerto ya ordenamos dos demoliciones de búnkeres, y esto no es simbólico, es la presencia de la justicia y el Estado en lugares que quienes se dedican a la comercialización de drogas, quieren apropiarse. La cercanía a los vecinos y el conocimiento del territorio nos permite dar una pronta respuesta».
«Esto sin controvertir o invadir las jurisdicciones del fuero federal, que se dedica al narcotráfico en mayor escala y que también ha logrado importantes avances desbaratando grandes bandas que operaban en esta ciudad y región», completó Raposo.
