(PR/NormaMigueles) Representantes de las Asociaciones Civiles de Defensa del Consumidor de la provincia de Santa Fe hicieron llegar una propuesta a los Convencionales Constituyentes que, desde el 14 de julio, trabajan en la reforma de la Constitución Provincial. El objetivo es que se incluyan derechos específicos para las personas consumidoras y usuarias, en el marco de la evolución lógica generada por la incorporación de nuevos servicios y sistemas de consumo a lo largo del tiempo.
La Liga de Defensa de Consumidores de Venado Tuerto (LiDeCo) participa del documento elevado, y su representante legal, el Dr. Bernardo De Estrada, indicó que, a través del mismo, las ONGs santafesinas solicitan, entre otros puntos, que se otorgue rango constitucional a la protección de consumidores y usuarios de bienes y servicios. Esto, en consonancia con la Constitución Nacional, permitiría consagrar otros derechos, teniendo en cuenta el carácter transversal de estos.
“En este trabajo hicimos hincapié en los principios de los derechos del consumidor, tanto a nivel nacional como internacional, porque consumidores somos todos los ciudadanos del mundo; incluso los proveedores también lo son”, planteó De Estrada.
“En consecuencia, pedimos herramientas para que, tanto los profesionales del derecho que se dedican a defender los intereses de los consumidores, como las asociaciones de consumidores, puedan realizar sus reclamos de forma clara. Queremos que quede plasmada en la Constitución la gratuidad en el acceso de todos los consumidores para hacer sus planteos, ya sean judiciales o administrativos, cuando tengan algún conflicto”, subrayó.
Seguidamente, explicó que los defensores de consumidores abordaron diferentes institutos, ya que la ley apunta a lo que se denomina un “derecho transversal”, al incluir distintos ámbitos, como la educación, la salud y los servicios públicos, más allá de la relación comercial típica de las relaciones de consumo.
En forma resumida, el dirigente social enfatizó: “Nos tienen que educar para el consumo. Entendemos que debería existir, ya en los colegios, la materia ‘Derecho del Consumidor’. También debe contemplarse la seguridad de los productos que adquirimos, y la de los servicios que nos prestan los bancos, los cuales deben resguardar nuestros datos personales y evitar los delitos virtuales bancarios”.
Respecto a la protección de la salud, recordó: “Cuando contratamos una obra social o una medicina prepaga, realizamos un contrato de consumo que incluye derechos que deben ser respetados y servicios que nos deben ser garantizados”.
En otro tramo, De Estrada indicó que, en la propuesta de las ONGs, “planteamos la importancia y efectividad del funcionamiento de las asociaciones de consumidores, así como el apoyo y reconocimiento que debe brindarles la provincia. Hoy somos quienes estamos directamente con la gente, recibiendo sus problemáticas, y hablamos de personas de escasos recursos, que muchas veces no conocen sus derechos como consumidores”.
Finalmente, el apoderado legal de LiDeCo advirtió: “Últimamente vemos que el consumo es descontrolado, y si la gente no está educada al respecto, ocurren casos como el de personas mayores cuya jubilación se va íntegramente en pagar créditos y compras con tarjeta de crédito. Debería existir un límite: no se puede consumir más del 30 % de los ingresos, y esa realidad no siempre es contemplada por las entidades financieras”.
