Mucho se ha hablado en estos días sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucionales cuatro artículos de la Ley 26.855 que introducía sustanciales y novedosas reformas en el mecanismo de elección y en el número de los integrantes del Consejo de la Magistratura.
La normativa, impulsada por el Gobierno nacional, promovía el sufragio universal para la elección de los jueces, abogados, académicos y científicos que se postularan para conformar dicho órgano, que tiene una función muy importante: controlar el Poder Judicial.
A través del voto, el pueblo podía elegir a sus representantes, esta vez para un ente vinculado con el servicio de justicia, al igual que como lo ejerce respecto a las autoridades para el Ejecutivo y el Legislativo. Lamentablemente, la Corte (por 6 a 1, con disidencia de Zaffaroni) le puso un freno a esta iniciativa transformadora, que lejos de poner en peligro a la República o de no respetar la división de poderes, contribuía a ampliar los derechos de la ciudadanía sin desconocer el marco constitucional, consolidaba en mayor medida el sistema democrático y dotaba a nuestro país de una metodología acorde a lo que establecen tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Sin embargo, desde que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó a hablar de la reforma judicial, empezaron a tejerse una serie de elucubraciones por parte de sectores opositores, que pintaron un panorama apocalíptico para el país. Y lo hicieron prácticamente desde antes de que se delinearan las propuestas, sin siquiera analizar el contenido de las mismas. El pasado 8 de abril, cuando la mandataria -a través de un acto en el Museo del Bicentenario- anunció el envío al Congreso de los seis proyectos para lograr una democratización de la justicia, el único miembro de la oposición que asistió fue el senador radical Eugenio Artaza. Otros dirigentes se excusaron de participar, lanzando fuertes críticas, las que son respetables y obedecen al juego del propio sistema democrático, donde cada uno tiene la libertad de decir lo que piensa, pero -y esto sí es objetable- aún sin conocer los detalles de las iniciativas.
Las sesiones, tanto en Diputados como en el Senado, se caracterizaron por “discusiones acaloradas”, de alto voltaje. Políticos del arco opositor consideraron que con estos proyectos “intentan destruir la independencia del Poder Judicial”, que “se debilita la Justicia, constituyéndola en apéndice del poder político”, que el oficialismo “con su vamos por todo, viola la Constitución” o que “lo único que quiere el gobierno es tener los dos tercios del Consejo de la Magistratura para nombrar, acusar y destituir jueces y así garantizar la impunidad de sus funcionarios corruptos”. Hasta se habló de que la intención se emparentaba con el “totalitarismo” y la pretensión de establecer una “monarquía”.
Esa pirotecnia verbal, sumado a la confusión generada adrede por algunos medios de comunicación, que presentan la “reforma” como “avance sobre” la Justicia, hizo que el debate consistiera sólo en muletillas. ¿Cómo puede hablarse de totalitarismo si lo que se pretende es ampliar los derechos de la población? ¿Cómo sostener una monarquía cuando lo que se impulsa es el sufragio universal? ¿Cómo se debilita la Justicia si lo que se quiere es dotar de mayor participación al órgano que la controla?
La reforma judicial contempla no sólo cambios en el Consejo de la Magistratura, sino también otras cinco leyes sobre: 1) ingreso democrático al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa;2) la publicidad de los actos del Poder Judicial; 3) creación de Cámaras de Casación; 4) publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado; 5) regulación de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados.
También se habló de que se ponía en riesgo la República con esta ley ahora declarada “inconstitucional” en cuatro artículos. Pero nada se dice sobre la falencia institucional que implica tener en la actualidad un Consejo de la Magistratura prácticamente paralizado, como lo deslizó uno de los miembros de la Corte, Raúl Zaffaroni, y como también apuntó la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
De todos modos, es sabido que, a través de la historia, los pueblos entablan duras y a veces largas luchas para conquistar derechos que les corresponden por su dignidad como seres humanos, para ampliar su campo de libertades en armonía con la convivencia social. Primero, el sufragio universal para los hombres, después el voto femenino, son dos muestras de ello. Salvando las distancias, Venado Tuerto experimentó hace más de una década una batalla en ese sentido, cuando un grupo de asociados enrolados en Unirce, y el propio diario El Informe, reclamaron con insistencia la democratización de la Cooperativa Eléctrica. Fueron varios años de prédica y polémica hasta que se logró el cambio estatutario. Basta recorrer el archivo del diario para corroborarlo.
Como es lógico, el fallo de la Corte debe ser acatado y respetado. Uno podrá o no estar de acuerdo, pero lo cierto es que el máximo tribunal tiene la atribución -y así la ha ejercido- de declarar “inconstitucional” una ley, ya que debe velar para que se respete la Carta Magna.
Aun así ha quedado abierto el debate, y hay un largo camino para recorrer con el objetivo de lograr una democratización de la justicia. Quizás no con esta Ley 26.855, pero sí con otro proyecto innovador que le posibilite una mayor participación a la ciudadanía, principal interesada en que el Poder Judicial le brinde respuestas a tantas demandas.
También queda la difícil tarea de despegarse de las expresiones de efecto mediático, que en nada contribuyen a mejorar la calidad de vida de la gente, para explicar y detallar a la población acerca del verdadero contenido de los proyectos que están en danza, exponiendo sus ventajas y desventajas, y el marco que los sustenta.
“El Poder Judicial no es de los jueces ni de los abogados, es del pueblo. Y el pueblo, tarde o temprano, elegirá a los miembros del Consejo de la Magistratura”, expresó el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak. Hoy se perdió una oportunidad, pero seguramente, a la luz de las transformaciones en el campo teórico y en la práctica, el tema recobrará fuerza con el correr del tiempo y finalmente se impondrá, ya que se trata de la conquista de un nuevo derecho.
Guillermo A. Magallanes
