Por Celia Arena, Ministra de Gobierno de la Provincia.
El martes 21 de marzo, luego de un extenso concurso donde cada postulante debió demostrar sus habilidades y fortalezas, el gobernador Omar Perotti remitió a la Legislatura los doce pliegos que, en su conjunto, conducirán los destinos del sistema penal acusatorio de la provincia de Santa Fe. Siete cargos que cubrir en el Ministerio Público de la Acusación y cinco en el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
Desde el comienzo de este proceso de selección de las autoridades superiores, el mandato del Gobernador a quienes conformamos el equipo avocado a llevarlo adelante fue el de administrarlo con el cuidado y la responsabilidad que los múltiples intereses que confluyen en el proceso requieren, de modo que el objetivo superior quede a resguardo: velar por el único interés de garantizar, para los próximos años, la buena administración de justicia y la eficacia de la investigación, persecución y castigo del delito. Y también que en esa tarea el Estado no corra de la escena a las víctimas, a quienes se debe garantizar su participación.
Con esos lineamientos, para este equipo de trabajo el horizonte siempre estuvo claro: las santafesinas y los santafesinos necesitamos un sistema judicial que, particularmente en su faz penal, esté alineado con las exigencias que plantea una coyuntura -que aunque actual tiene su origen en, por lo menos, desde hace más de una década- donde el delito se complejiza en algunas regiones y se torna cada vez más violento y, por lo tanto, requiere una política criminal acorde.
El imperativo es la profundización en la eficacia persecutoria y en la inteligencia criminal. La política que desde el Poder Ejecutivo se viene llevando adelante con inversión en tecnología y recursos humanos, en infraestructura y en capacidades investigativas, debe ir a la par con las demás agencias estatales para que su formulación se transforme en una verdadera política de Estado. Sólo así se protegen los intereses generales de la sociedad.
Ahora es el turno de la Asamblea Legislativa.
