(Redacción Rosario) La Cámara de Senadores de Santa Fe sancionó la Ley que establece una pensión mensual no contributiva de carácter vitalicio para personas que se hubieren encontrado privadas de su libertad –por causas políticas, gremiales o estudiantiles– durante la última dictadura, y que fuera impulsada por el diputado provincial Gerardo Rico, presidente del bloque Movimiento Evita.
La norma sancionada este jueves por senadores provinciales, comprende a toda persona “que se hubiera encontrado privada de su libertad por dichas causas entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, en territorio santafesino, incluyendo a los nacidos en cautiverio y a los menores detenidos junto a sus padres”.
El diputado Rico, autor del proyecto que acaba de ser transformado en Ley, manifestó su satisfacción por el resultado de consenso del cuerpo legislativo, “que dio una muestra de compromiso con la memoria y la justicia”, y señaló que “este es un paso muy importante, pero falta la sanción de la Ley de Pensión a las Madres, algo que esperamos que se concrete la semana que viene”, refiriéndose a otra de las iniciativas que presentó en la Cámara baja provincial, y que ya cuenta con la media sanción de Diputados.
“Hoy es un día muy especial para mí y para el Movimiento Evita”, expresó emocionado el legislador provincial, y tras destacar que “luego de cuatro años de transitar pasillos, logramos hacer efectiva esta reivindicación histórica, que no significa otra cosa que hacer Justicia”, añadió: “Esta Ley me llena de orgullo y satisfacción, y quiero decirle gracias a todos y a todas, gracias Néstor por marcarnos el camino y Cristina por conducirnos”.
El legislador del Movimiento Evita, además, recordó que el proyecto, presentado en diferentes oportunidades, “fue perdiendo estado parlamentario”, pero celebró el hecho de que “finalmente ahora se concreta”.
“Teníamos una mora ostensible” –manifestó el impulsor de la iniciativa- “ya que no sólo se trata de un justo y merecido reconocimiento de Memoria y Justicia para quienes fueron víctimas del Terrorismo de Estado, y de reivindicación hacia aquellos luchadores que sobrevivieron a la larga noche de la dictadura, si no que también se erige como medida reparatoria –cumpliendo con el deber del Estado– para una protección integral de los mismos y de sus respectivas familias”.
El Legislador destacó y agradeció “el enorme trabajo que realizaron los equipos de la Fundación Igualar, en la tarea técnica legislativa de estos proyectos”, y agregó: “Esta Ley viene a cubrir una necesidad de tantos compañeros y compañeras que, como resultado de aquella prisión padecida, vieron desintegrada su vida familiar, o su situación personal, con enfermedades adquiridas y secuelas que afectaron globalmente la reinserción laboral, fomentaron la negación a un retiro o jubilación digna, y a coberturas sociales, que conforman los derechos mínimos y básicos de toda persona”.
Tras recomendar a “todos los compañeros y compañeras”, que estén en condiciones de acceder al beneficio de la pensión, a “acercarse a la Secretaría de Derechos Humanos para reempadronarse en los Registros respectivos y actualizar la información”; el promotor de la norma que acaba de ser sancionada, volvió a hacer suyas las palabras que el ex presidente Néstor Kirchner pronunciara el 24 de marzo de 2004: “Vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades”.
